En una consulta pública, la comisión especial de la Cámara de Diputados, encargada de analizar la modificación al contrato entre Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) y el Estado, recibió opiniones sobre el acuerdo que se extenderá hasta el 2060. En las vistas públicas, 28 personalidades vinculadas a Aerodom o interesadas en el tema expresaron sus puntos de vista. Los principales argumentos se centraron en la necesidad de mayor claridad en algunas cláusulas y artículos, así como en la demanda de revelar las ganancias y rentabilidades reales derivadas de la renegociación.
Erick Ortiz, representante del partido Opción Democrática, instó a los legisladores a ser cautelosos con el contrato, señalando que la renegociación plantea riesgos que deben ser evaluados antes de su aprobación en el Congreso. Ortiz destacó que el Estado asume todos los riesgos, comprometiéndose a pagar las deudas de Aerodom en caso de rescisión del contrato y garantizando un 14 % de rentabilidad anual a favor de la empresa, lo cual considera injusto.
Wendy Santiago, del movimiento «No tenemos miedo», calificó la renovación del contrato como ilegítima y un desfalco para la República Dominicana, argumentando que solo representa el 10 % de las ganancias del contrato, beneficiando principalmente al concesionario. El general retirado Rafael Percival también cuestionó los pocos beneficios para el país y expresó su preocupación por la posible lesión a la seguridad y soberanía nacional al permitir que una empresa privada maneje los aeropuertos.
Algunos participantes pidieron una licitación pública en lugar de modificar el contrato, ya que el acuerdo original tiene siete años de vigencia. La directora de Aerodom, Mónica Infante, defendió la empresa, señalando que es la principal contribuyente de impuestos en el país y que ha invertido alrededor de US$341,000 millones en obras desde 2016. Infante explicó que la saturación de turistas requería una respuesta rápida, por lo que no podían esperar a que el contrato expirara en siete años.