Luego de los días de paro en San Francisco de Macorís, organizados por el Frente Amplio de Lucha Popular (Falpo) y otras organizaciones sociales, las autoridades locales no han logrado llegar a un acuerdo con los manifestantes. Como consecuencia, se han convocado nuevas protestas para el 23 de abril, en busca de respuestas a diversas demandas. Este paro, realizado los días 25 y 26 de marzo, envió un claro mensaje de descontento hacia las autoridades gubernamentales y locales, quienes, según los organizadores, han sido incapaces de cumplir con sus promesas.
Raúl Monegro, vocero del Falpo, instó a la población a continuar luchando, asegurando que el paro fue respaldado por la mayoría de la comunidad. Monegro afirmó que el 98% de los comerciantes y residentes se unieron a la huelga, superando las expectativas de los organizadores. Aunque no se registraron grandes incidentes, sí se reportaron quemas de neumáticos en diferentes sectores, reflejando el nivel de frustración entre los manifestantes. En respuesta, las autoridades desplegaron un importante contingente de policías y militares, incluyendo helicópteros sobrevolando la ciudad.
Las principales demandas del grupo que lideró el paro incluyen la culminación de proyectos que han estado pendientes por años, como el hospital de especialidades y el hospital regional, cuya construcción permanece detenida. También exigen la finalización de la Avenida Circunvalación y la construcción de la carretera que conecta San Francisco de Macorís con Río San Juan, proyectos que consideran vitales para el desarrollo de la región.
Además de los reclamos de infraestructura vial y hospitalaria, los manifestantes piden la construcción de calles, aceras y contenes en barrios y urbanizaciones, mejorando así las condiciones de vida de los residentes. También exigen la creación de asentamientos agrarios para los campesinos y la construcción de una Plaza de la Cultura en la ciudad. Otra de las demandas urgentes es la pronta resolución de los problemas de intoxicación alimentaria en las escuelas, situación que ha generado gran preocupación entre padres y educadores.
A pesar de que el paro no ocasionó incidentes mayores, las autoridades no han permanecido indiferentes ante las demandas populares. El gobierno implementó un fuerte dispositivo de seguridad, con decenas de agentes policiales y miembros de las fuerzas armadas en los puntos de mayor concentración. Sin embargo, el clima de insatisfacción persiste.
El Falpo y otras organizaciones han anunciado que las protestas continuarán. Para el próximo 23 de abril, se llevará a cabo un «entierro popular» hacia la gobernación, un acto simbólico que pretende reflejar la ineficacia de las instituciones frente a los reclamos de la población. Además, en los días posteriores se realizarán piquetes, vigilias, encadenamientos y celebraciones de “cumpleaños” a las obras públicas que llevan años sin terminarse, en una clara crítica a la gestión tanto del gobierno local como central.
El clima social sigue siendo tenso, y la expectativa se centra en cómo el gobierno responderá a este nuevo ciclo de protestas. Las autoridades locales y nacionales enfrentarán un desafío creciente: el descontento de la población de San Francisco de Macorís, que exige soluciones concretas para los problemas que han sido ignorados durante años.