El Primer Tribunal Colegiado cerró los debates y se retiró a deliberar; fallará el jueves 14 de octubre, a las 3:00 de la tarde

El Primer Tribunal Colegiado cerró los debates y se retiró a deliberar; fallará el jueves 14 de octubre, a las 3:00 de la tarde

SANTO DOMINGO.- “El Ministerio Público ha cumplido con su rol, el Ministerio Público ha cumplido con la promesa hecha a los dominicanos y dominicanas; hemos presentado las evidencias”, sostuvo la fiscal Mirna Ortiz, al asegurar que las pruebas y los argumentos deberán llevar, indiscutiblemente, a una sentencia condenatoria para todos los acusados.

La coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) respondió inquietudes de periodistas de varios medios de comunicación en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, tras concluir los debates en el juicio de fondo por el Caso Odebrecht.

Las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, cerraron cerca del mediodía formalmente los debates del proceso contra los acusados por los sobornos de Odebrecht y se retiraron a deliberar, fijando la emisión de la decisión en dispositivo para el jueves 14 de octubre de 2021, a partir de las 3:00 de la tarde.

“Tal y como ustedes han visto, hemos llegado al final de los debates en el Caso Odebrecht”, dijo Mirna Ortiz a la prensa, mientras respondía preguntas sobre el proceso judicial por los US$92 millones que Odebrecht admitió haber distribuido en la República Dominicana a cambio de la adjudicación de contratos para la construcción y reconstrucción de importantes obras públicas.

“Una vez las juezas analicen las evidencias, la unión armónica de las mismas, no podrá haber otro resultado que sentencia condenatoria”, destacó Ortiz, quien formó parte del amplio equipo del Ministerio Público en el juicio, el cual estuvo encabezado por el titular de la Pepca, procurador adjunto Wilson Camacho.

La audiencia de este jueves se inició a las 9:00 de la mañana, con las declaraciones del exsenador Tommy Alberto Galán Grullón, de la provincia San Cristóbal, quien hizo uso de su defensa material hasta alrededor de las 10:30 de la mañana.

Después de un receso de 10 minutos, correspondió el turno al imputado Juan Roberto Rodríguez Hernández, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), quien concluyó poco tiempo después a las 10:50 de la mañana.

Tras concluir Rodríguez Hernández con su discurso, inmediatamente inició con su defensa material el coimputado Conrado Enrique Pittaluga Arzeno, quien finalizó sus planteamientos próximo al mediodía.

En la audiencia del pasado lunes declararon los imputados Ángel Rondón Rijo, representante empresarial de Odebrecht; el exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, y luego continuó Andrés Bautista García, expresidente del Senado.

En jornadas anteriores, durante su discurso de clausura, el Ministerio Público pidió al tribunal condenas de 10 años de prisión para los coimputados Rondón Rijo y Díaz Rúa, siete años para Pittaluga Arzeno y cinco años de reclusión para Bautista García, Galán Grullón y Rodríguez Hernández.

De igual manera, solicitó que cada uno pague una multa de 200 salarios mínimos y que el tribunal ordene el decomiso de bienes en favor y provecho del Estado y el pago de las costas del proceso, además de que se les varíe la medida de coerción por prisión preventiva.

El Ministerio Público acusa a los procesados de incurrir en los delitos de sobornos a funcionarios y legisladores, lavado de activos producto de infracciones graves, soborno en el ejercicio de la función pública, enriquecimiento ilícito y falsedad en las declaraciones juradas, así como complicidad en el soborno a funcionarios.

En el transcurso del juicio, el Ministerio Público mantuvo firme su acusación por los sobornos que entregó en el país la multinacional brasileña y aportó suficientes pruebas con méritos para la imposición de las condenas que solicitó contra cada uno de los imputados en este proceso por corrupción administrativa.