El Ministerio Público expresa su inquietud acerca de que el caso de corrupción en el que se imputa al exprocurador Jean Alain Rodríguez termine como otros casos de presunto saqueo al Estado, donde los procesos se han declarado extinguidos debido a que ha transcurrido el tiempo máximo de cuatro años estipulado por la ley.
El expediente que señala a Rodríguez, con más de dos años en el sistema judicial, se encuentra actualmente en la etapa de «audiencia preliminar», en la cual aún no se ha debatido el fondo del caso. En esta fase, el juez debe decidir si rechaza «total o parcialmente» la acusación o, por el contrario, la admite y procede al juicio de fondo.
Recientemente, el magistrado Amari Martínez rechazó la solicitud del órgano acusador para permitir una lectura abreviada del extenso expediente, que consta de 12,274 páginas y se considera el de mayor «precedente» en el país, tanto por su volumen como por el número de acusados.
Los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) comenzaron a leerlo el 10 de junio y, después de casi cuatro meses, solo han logrado abarcar alrededor de 6,000 páginas. Este caso, denominado Operación Medusa, involucra a un total de 63 imputados. Además de Rodríguez, incluye a otras 40 personas, entre exfuncionarios y empresarios, así como a 22 compañías, acusadas de sobornos y asociación de malhechores.
La directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, hizo hincapié en que el juez lleva más de un año con este caso, desde el 2 de julio de 2022, superando así el plazo establecido en el Tercer Juzgado de Instrucción que preside. Reynoso subrayó que los principios del Código Procesal otorgan al órgano acusador los mismos derechos que a los imputados, incluida la garantía de un plazo razonable.
En medio de las largas y tediosas audiencias de juicio preliminar debido a la extensa lectura por parte de los fiscales, Reynoso expresó su preocupación de que en este proceso no se cumpla con el principio de razonabilidad, instando al juez Amauri Martínez a establecer los fundamentos en los que una presentación sucinta de la acusación podría violar dicho principio y el artículo 300 del Código Procesal Penal.
Martínez defendió su decisión, señalando que la solicitud del Ministerio Público se había presentado en agosto y que el tribunal había instituido un tiempo para ello, sin que se presentara ningún recurso de oposición.
Carlos Balcácer, uno de los abogados del exprocurador, opinó que el Ministerio Público está ansioso después de que el Cuarto Tribunal Colegiado declarara la extinción de la acción penal en un caso similar de sobornos. Destacó que este caso representa un nuevo paradigma en el Poder Judicial, que ahora respeta los plazos. En la próxima audiencia del viernes 29 de septiembre, el juez Amauri Martínez establecerá un nuevo calendario para la audiencia preliminar, que actualmente se lleva a cabo los martes y viernes de 9:00 a. m. a 6:30 p. m. La lectura abreviada del extenso expediente ha generado preocupación sobre la posible demora del caso en los tribunales. El Ministerio Público aboga por la lectura del relato fáctico y la calificación jurídica del expediente.