La auditoría realizada por la Contraloría General de la República (CGR) en el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) reveló que la institución efectuó 30 solicitudes de modificación presupuestaria, por un total de 886,627,301.64 millones de pesos. Estos ajustes incluyeron cambios en los saldos y traslados de asignaciones de un programa a otro, lo cual contravino las Normas Básicas de Control Interno.
El informe también identificó debilidades en el control interno y ciertos hallazgos específicos en áreas administrativas y financieras, como Tesorería, Cuentas por Pagar, Compras y Contrataciones Públicas, la Dirección de Recursos Humanos y el proyecto Inabie-PNUD.
La auditoría abarcó el período desde el 17 de agosto de 2020 hasta el 31 de agosto de 2021, durante la gestión de Cecilio Rodríguez, quien fue destituido por presuntas irregularidades en su desempeño. Se le atribuye haber otorgado contratos a 1,260 proveedores que no cumplían con los requisitos para suministrar almuerzos escolares en escuelas públicas.
Los resultados de la auditoría indican que el Inabie no concilió adecuadamente el Plan Operativo Anual (POA), el Presupuesto y el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC), lo que llevó a compras bajo categorías diferentes a las asignadas por el clasificador.
Además, se señaló que un convenio entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Inabie, por un monto de 49,121,058.41 millones de dólares (equivalentes a unos 2,412,826.388.61 pesos), no se había ejecutado adecuadamente. El objetivo de este acuerdo era mejorar la calidad de los servicios de la institución. El informe menciona que, hasta la fecha del informe, este convenio había estado inactivo durante dos años y se habían realizado gastos en actividades diferentes a las acordadas, incluyendo alquileres, servicios profesionales, materiales, viajes y otros gastos.