El Gobierno de la República Dominicana ha asumido una serie de compromisos clave en el marco del Pacto Nación por la crisis de Haití, el cual fue firmado el pasado jueves, contando con la participación de académicos y representantes de organizaciones políticas, aunque notoriamente sin la presencia de los principales partidos de oposición.
El presidente Luis Abinader ha estampado su firma en el documento que consigna el compromiso de su administración para abordar de manera integral la cuestión de la inmigración haitiana y la contratación de trabajadores haitianos. Asimismo, se han comprometido a llevar a cabo reformas en la zona fronteriza con el fin de estimular su desarrollo.
Uno de los puntos clave del acuerdo establece la necesidad de «poner fin de manera expedita y ejemplar a la contratación de mano de obra haitiana en condiciones migratorias contrarias a la ley, en proyectos o actividades del Gobierno central, organismos autónomos, descentralizados y municipios».
Con el objetivo de reducir la dependencia de esta fuerza laboral, se plantea la intención de colaborar con sectores empresariales para generar acuerdos de transformación productiva y, posteriormente, la progresiva inclusión de la mano de obra dominicana en áreas donde se ha experimentado un proceso de desplazamiento de trabajadores extranjeros.
El Gobierno también tiene previsto reformar las normas de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) para requerir a las empresas que presenten una nómina que incluya los datos personales de sus trabajadores y el monto pagado.
Las autoridades se han comprometido a garantizar que los trabajadores haitianos con estatus legal gocen de los mismos derechos laborales que sus contrapartes dominicanas.
Dentro del marco del acuerdo, el Estado asume la responsabilidad de «repatriar, conforme a las leyes 285-04 y 344-98, y garantizando el debido proceso, a los extranjeros en situación migratoria irregular, ya sean desempleados o contratados en sectores de servicios que no cuenten con cuota de permanencia para extranjeros temporales». Además, el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) se encargará de asegurarse de que no se incluyan menores de edad no acompañados en los procesos de deportación.
El documento también insta a desarrollar un programa de control biométrico para los nacionales extranjeros y ordena al Ministerio de Relaciones Exteriores modernizar el proceso de emisión de visas para garantizar mayor transparencia.
El acuerdo también establece un llamado a la República Dominicana a emprender una campaña internacional destinada a movilizar a países de todo el mundo en apoyo a Haití. Esto implicará el envío de misiones especiales al extranjero con el propósito de asegurar un mayor compromiso de la comunidad internacional y obtener apoyo de otros gobiernos para asistir a la sociedad y organizaciones haitianas.
Se menciona además la oferta de construcción y operación de tres hospitales en Haití, junto con la formación de personal gerencial, médico y auxiliar. Además, se invita a otros países a realizar inversiones similares o incluso mayores.
El acuerdo establece medidas para un riguroso control en la frontera, incluyendo supervisión tecnológica a distancia, la utilización de dispositivos tecnológicos en la valla fronteriza, la evaluación del desempeño de los agentes civiles y militares, y la implementación de un sistema de consecuencias para aquellos involucrados en la organización de viajes ilegales. También se incluye la restauración de marcadores fronterizos, vigilancia satelital en tiempo real y el uso de arcos detectores de armas, explosivos y componentes radiológicos y químicos.
Con el fin de impulsar la prosperidad de las comunidades fronterizas, el Gobierno se compromete a desarrollar planes que abarquen una política salarial y un estatuto de servicio especial y diferenciado en favor de los servidores públicos civiles, policiales y militares en dicha región.