El país ha acogido con beneplácito el fallo del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional el voto prorrogado. Pero antes de eso había declarado el artículo 33-18 de Partidos, movimientos y grupos políticos que castigaban con prisión la difusión de "mensajes negativos" contra los candidatos en las redes sociales. Es decir, estamos viviendo en otros tiempos. Ahora tenemos una instancia que puede deshacer los errores constitucionales que hacen nuestros amados legisladores. No se explica que, conociendo la Constitución y también teniendo asesores legales, los legisladores salen con los errores y las fallas constitucionales con las que se van. ¿Lo hacen a propósito y en atención a sus intereses? Podría ser, pero ya saben que los ciudadanos tienen dónde desafiar sus posibles barbaridades legislativas.