El gobierno de Joe Biden anunció este viernes un nuevo paquete de sanciones y restricciones dirigidas al régimen de Nicolás Maduro, luego de calificar su reciente toma de posesión presidencial como un acto «fraudulento».
Entre las medidas más destacadas está el aumento de las recompensas por información que conduzca al arresto de Maduro y altos funcionarios de su régimen, como Diosdado Cabello Rondón y Vladimir Padrino López, acusados de corrupción y narcotráfico. El monto de cada recompensa se ha elevado a 25 millones de dólares, alcanzando el máximo permitido por el programa del Departamento de Estado.
Además, se implementaron nuevas restricciones de visado para funcionarios vinculados a la manipulación del proceso electoral en Venezuela, así como sanciones a ocho figuras clave en sectores económicos y de seguridad, incluidos el presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y el ministro de Transporte.
Maduro fue declarado vencedor de las elecciones de julio por autoridades controladas por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Sin embargo, la oposición, liderada por Edmundo González, asegura haber ganado con el 67% de los votos, respaldándose en recuentos avalados por el Centro Carter y la Misión de Observación Electoral de Colombia.
En una rueda de prensa, John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, afirmó que Maduro ha mostrado un «total desprecio por las normas democráticas». Además, reiteró que Estados Unidos seguirá presionando para la restauración de la democracia en Venezuela.
La situación se tensó aún más con la breve detención de la líder opositora María Corina Machado durante una protesta contra la juramentación de Maduro, según reportes de CNN.
En paralelo, el Departamento de Seguridad Nacional anunció una extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos venezolanos. Este beneficio, que protege contra la deportación y otorga autorización laboral, se extenderá por 18 meses adicionales, permitiendo que aproximadamente 600.000 venezolanos mantengan su estatus legal hasta mediados de 2026, siempre que cumplan con los requisitos.
Aunque las sanciones buscan aumentar la presión sobre el régimen de Maduro, persisten dudas sobre los resultados que estas medidas puedan lograr. La Casa Blanca reafirmó su compromiso con la democracia en Venezuela y dejó abierta la posibilidad de nuevas acciones si el régimen no da señales de cambio.
Este anuncio subraya la postura de Estados Unidos frente a la crisis venezolana y su apoyo a los procesos democráticos en la región.