Las recientes declaraciones de Diosdado Cabello, ministro del Interior de Venezuela, han generado una gran preocupación tanto dentro como fuera del país. Su amenaza explícita hacia los líderes religiosos ha sido interpretada como un intento de intimidar a la Iglesia Católica, que ha sido crítica del gobierno de Nicolás Maduro, especialmente respecto a la situación política y económica del país.
Cabello, al hacer referencia a los comentarios de los sacerdotes durante misas y eventos públicos, mostró un claro desdén hacia las posturas que consideran adversas al régimen. Al declarar “Yo lo tengo anotado”, Cabello parece hacer una advertencia a aquellos que se atreven a cuestionar las políticas del gobierno, algo que podría interpretarse como un intento de silenciar la disidencia, incluso en el ámbito religioso.
En Venezuela, la Iglesia Católica ha jugado tradicionalmente un papel importante como voz crítica frente a los abusos del poder y las injusticias sociales. La postura de algunos sacerdotes y figuras religiosas, que se han manifestado abiertamente en contra del gobierno, ha provocado tensiones entre la Iglesia y el Ejecutivo. Las palabras de Cabello se suman a este clima de confrontación, y muchos temen que estas amenazas escalen hacia una persecución sistemática de aquellos líderes religiosos que se oponen al régimen.
Aunque hasta el momento no ha habido una respuesta oficial de la Iglesia Católica de Venezuela, las declaraciones de Cabello representan una clara señal de que la libertad de expresión, incluso en instituciones como la Iglesia, sigue siendo un tema controvertido en el país. Los temores sobre la capacidad de los sacerdotes para hablar libremente sin represalias son cada vez más evidentes, y la comunidad internacional sigue de cerca los posibles efectos de esta amenaza sobre el ejercicio de los derechos fundamentales en Venezuela.
Este pronunciamiento también refleja la creciente tensión en un país donde las diferencias políticas y las críticas al gobierno se han convertido en un terreno peligroso para quienes se oponen al oficialismo. La situación es un claro ejemplo de cómo las autoridades pueden utilizar el poder para intentar coartar el derecho a la libertad de expresión y limitar el espacio para el cuestionamiento público de las políticas gubernamentales.