Dictan tres meses de prisión preventiva a profesor acusado de abuso sexual a menores de edad en La Vega

La jueza de la Oficina de los Servicios de Atención Permanente de esta jurisdicción impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra el profesor Jacinto Antonio Peña Flores, acusado de abuso sexual de dos menores de edad. La decisión fue tomada por Adalías Collado después de recibir el anticipo de prueba y los arraigos por parte del abogado del imputado, Amado Gómez Cáceres, y escuchar los testimonios de las víctimas a través de la Cámara de Gesell.

El profesor Peña Flores deberá cumplir la medida de coerción en la cárcel pública del municipio, tras la decisión de la jueza Collado de imponer tres meses de prisión preventiva por los supuestos delitos de abuso sexual contra dos menores de edad.

La fiscalía había solicitado una medida más drástica, pidiendo un año de prisión y la declaratoria de complejidad del caso que involucra al educador y dos estudiantes residentes en el municipio de Jima Abajo. Sin embargo, la jueza optó por imponer una medida preventiva menor a la solicitada, pero que garantice la protección de las víctimas y la continuidad de las investigaciones.

Amado Gómez Cáceres, abogado del profesor Jacinto Antonio Peña Flores, aclaró que su cliente no se desempeñaba como docente en el politécnico Ana Silvia Jiménez de Castro, sino como técnico-administrativo en el distrito escolar número 06 del Ministerio de Educación. Además, afirmó que los estudiantes acudían por voluntad propia a la residencia del acusado en Jima Abajo.

El profesor Peña Flores enfrenta graves cargos por presunto abuso sexual a menores de edad, lo que ha llevado a la imposición de una medida de coerción de tres meses de prisión preventiva en la cárcel pública del municipio. Además, se le acusa de violar varios artículos del Código Procesal Penal Dominicano y la ley 136 de protección de niños, niñas y adolescentes.

El presidente de la seccional de la ADP en la zona lamentó el caso y aseguró que, de demostrarse la culpabilidad del imputado, debe pagar por sus acciones. El rechazo a cualquier conducta que vaya en contra de los principios morales y éticos es un compromiso que deben tener todos los gremios.