La jueza Kenya Romero, del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó prisión preventiva en contra de 11 de los implicados en el caso Cattleya.
La magistrada además declaró el caso complejo y fijó para el 29 de noviembre la revisión obligatoria de la medida de coerción que deberá ser conocida por el Cuarto Juzgado de la Instrucción, como tribunal de control.
La jueza tomó la decisión, al acoger de manera parcial el pedimento de los fiscales de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícitos de Migrantes y Tratas de Personas (Pett).
La prisión preventiva fue dictada en contra de Zaffiro Nataly Sánchez, Robert Lee Paniagua Díaz, Angélica Quintero, José Alberto Soriano Rosario (a) Cirujano, supuestos líderes de esta red, así como a José Miguel Michel Guridis (a) Michel, Daniel Enrique Inirio Abreu.
También Alejandro Arturo Batista Bustamante (a) El Gato, Cristina González Hernández, Oscar Wicene, María Paula, Dionicio Mieses de la Cruz (Alias Dionis), teniendo este último que cumplir la prisión preventiva en operaciones especiales y los demás en Najayo, La Victoria y la cárcel de Higüey.
Asimismo, la jueza dictó presentación periódica, el pago de una garantía de un millón de pesos con aseguradora e impedimento a la imputada Engel Nefthali Vargas y presentación periódica e impedimento de salida a Melvin Valentía Peguero, entre otros.
De acuerdo a las investigaciones, la red de trata que explotaba sexualmente a mujeres provenientes de Sudamérica tenía aproximadamente un año operando en el país, tiempo en el cual obtuvieron grandes beneficios económicos, al raptarlas, prostituirlas y tomarse todo el dinero producto de las actividades sexuales.
Los imputados, junto a otros arrestados, tenían bajo su control a unas 80 víctimas, ha establecido el Ministerio Público, a quienes, según indican, se les mantenían raptadas y les obligaban a prostituirse y no obstante a eso, se le quitaba todo el dinero obtenido por la actividad sexual a las que estaban siendo sometidas.
Precisan que los tratantes captan a jóvenes de entre 18 y 23 años en Colombia y Venezuela con la promesa de un trabajo bien remunerado en República Dominicana, hacían todos los trámites para traerlas al país y las hospedaban en hoteles pocos conocidos en los cuales las mantenían encerradas, y solo las sacaban para llevarlas a los lugares solicitados por los clientes.