La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) anunció una investigación para determinar las responsabilidades de los funcionarios penitenciarios que permitieron que el privado de libertad Fausto Miguel Cruz de la Mota realizara una llamada a un medio de comunicación.
A través de un comunicado de prensa, la DGSPC informó que la investigación está a cargo de la subdirección de Seguridad e Inteligencia, dirigida por el coronel Manuel Polanco. Este último se encuentra actualmente en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo Hombres para llevar a cabo la pesquisa.
La institución penitenciaria también señaló que desde que Cruz de la Mota ingresó al sistema penitenciario, ha recibido asistencia médica de los galenos del sistema y de centros de salud privados en el país. Según el registro del libro de asistencia de la institución, Cruz de la Mota ha sido atendido por especialistas en todas las ocasiones que lo ha requerido.
La DGSPC enfatizó que, de acuerdo con la Ley 113-21 sobre Régimen Penitenciario, los privados de libertad tienen derecho a la salud y a la comunicación telefónica. No obstante, el uso de dicha comunicación está reservado para sus familiares y representantes legales, según lo establecido en el artículo 4 numeral 11 de la ley.
La entidad actúa en conformidad con su rol como autoridad penitenciaria, encargada de prevenir que las personas privadas de libertad sigan cometiendo actos delictivos durante el cumplimiento de su condena. En este sentido, la DGSPC implementa el Plan de Eliminación de Teléfonos No Autorizados en los centros penitenciarios, con el respaldo de la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Interior y Policía, y el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), logrando resultados positivos.
Como parte de este plan, se ha desmantelado estructuras de conexión a internet en los centros penitenciarios y se han incautado equipos de comunicación utilizados por los privados de libertad para cometer ilícitos.
La DGSPC ha instalado 214 Comuniagencias en colaboración con la Procuraduría General de la República, garantizando así el derecho a la comunicación de los privados de libertad en todos los centros penitenciarios a nivel nacional.