Los abogados Nicki Rafael Minaya Jáquez y Cosme Damián Clase Brito, representantes legales del Grupo Mar de Plata, consideraron como un paso correcto el desalojo ejecutado recientemente en el Kilómetro 14 de la Avenida Las Américas, donde más de 350 personas fueron retiradas de unos terrenos cuya propiedad aseguran pertenece de manera legítima a la empresa.
Los juristas presentaron documentos, títulos y sentencias que, según explicaron, confirman de manera definitiva la titularidad del inmueble a favor de la compañía.
De acuerdo con sus declaraciones, el conflicto por los terrenos lleva más de tres años en los tribunales, sustentado en múltiples fallos y actuaciones legales.
Indicaron que, durante ese período, la Abogacía del Estado autorizó la ejecución del desalojo en al menos nueve ocasiones; sin embargo, trámites administrativos y el vencimiento de algunas órdenes impidieron que se concretara.
Esto llevó al grupo empresarial a interponer una acción de amparo de cumplimiento, con el fin de que la Policía Nacional ejecutara la sentencia vigente que ordenaba el retiro de los ocupantes.
Los abogados señalaron que las decisiones judiciales, una resolución del abogado del Estado y acuerdos previos con los ocupantes fortalecen la legalidad del proceso.
Recordaron que hace un año se alcanzó un entendimiento con quienes vivían en el área, pero el pacto no fue respetado, circunstancia que obligó a proceder con el desalojo.
Agradecieron la actuación del abogado del Estado, destacando que actuó con objetividad conforme al artículo 15 de la Ley 136-11, así como al presidente Luis Abinader, por respetar el marco constitucional pese a las presiones políticas que, afirman, rodeaban el caso.
También reconocieron el trabajo de la Fiscalía de Santo Domingo Este, que recibió las denuncias correspondientes y citó a las personas identificadas como ocupantes ilegales.
El operativo concluyó con el retiro de más de 350 personas, lo que según la defensa del Grupo Mar de Plata permitió restablecer el orden en la zona y reafirmar el derecho de propiedad respaldado por las sentencias y títulos presentados.