Defensa de Mangione: “No tiene vínculos con grupos extremistas de izquierda”

Los abogados de Luigi Mangione, el joven acusado de asesinar a tiros a un alto ejecutivo farmacéutico en una calle de Nueva York el pasado diciembre, denunciaron este martes que el Gobierno de Donald Trump está “prejuzgando” el caso al relacionarlo con “grupos extremistas de izquierda con los que no tiene conexión ni afiliación”.

Mangione, de 27 años, lleva casi diez meses bajo arresto a la espera de que inicie su juicio el próximo 1 de diciembre. Su defensa, a cargo del bufete Agnifilo, envió una carta a la jueza Margaret Garnett solicitando que el Gobierno aclare antes del 3 de octubre las declaraciones de varios funcionarios, las cuales —aseguran— afectan gravemente a su cliente.

Los abogados sostienen que esos señalamientos “han prejuzgado inevitablemente al señor Mangione al vincularlo a acontecimientos violentos recientes” y “pintarlo como un violento radical de izquierdas”. A su juicio, esta narrativa puede perjudicarlo de manera determinante en un proceso en el que Mangione enfrenta la posibilidad de ser condenado a la pena capital por el asesinato de Brian Thompson, CEO de United Healthcare.

En el documento remitido al tribunal, la defensa enfatiza que “el señor Mangione de hecho no apoya estas acciones violentas, ni alaba la violencia política pasada o futura, ni está de ningún modo alineado con los grupos mencionados en un documento de prensa de la Casa Blanca”, en alusión al comunicado difundido el lunes en el que el crimen se vinculaba con una supuesta ola de violencia extremista.

Como respaldo a su planteamiento, el bufete presentó capturas de pantalla de publicaciones en redes sociales hechas por altos funcionarios —algunas ya eliminadas— en las que se expresaba apoyo a la pena de muerte para Mangione.

Incluso, en una de esas declaraciones, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró de manera explícita que el acusado era “un asesino de extrema izquierda que disparó a Thompson por la espalda”.

La defensa concluyó que con estas declaraciones el Gobierno “sigue prejuzgando su derecho (de Mangione) a un juicio justo en un caso con pena de muerte, en violación de los derechos de la quinta y la octava enmienda”.