El abogado Valentín Medrano, parte de la defensa del fiscal Aurelio Valdez Alcántara, afirmó que la acusación de soborno contra su cliente carece de sustento legal y responde, según su versión, a una provocación indebida por parte del propio Ministerio Público.
De acuerdo con la acusación, el fiscal habría exigido inicialmente 200 mil dólares, además de un vehículo de alta gama y un reloj de lujo, reduciendo luego la supuesta solicitud a 150 mil dólares. El órgano acusador sostiene que recibió un adelanto de 10 mil dólares, dinero que habría sido previamente marcado y entregado bajo control, lo que permitió su arresto en flagrancia.
No obstante, Medrano rechazó categóricamente esa narrativa, asegurando que su defendido niega completamente los hechos. “No existió ningún soborno ni negociación de ese tipo”, enfatizó.
Uno de los principales cuestionamientos de la defensa se centra en la supuesta entrega de dinero marcado. El abogado argumentó que, en este tipo de procedimientos, las autoridades debieron informar previamente al juez sobre la operación, incluyendo detalles como la identificación de los billetes y las condiciones de la entrega, lo que según afirma no ocurrió.
Asimismo, sostuvo que no existe evidencia que demuestre que el dinero estuviera marcado, a pesar de que así lo plantea el Ministerio Público. También puso en duda la legalidad del arresto, señalando que podría quedar invalidado si se comprueban irregularidades en la fase investigativa.
Como eje central de su defensa, Medrano introdujo la figura del “entrampe”, una práctica prohibida en el derecho penal que implica inducir a una persona a cometer un delito que no habría ejecutado por iniciativa propia. Según explicó, si se confirma este escenario, se trataría de una violación grave al debido proceso.
El abogado también cuestionó la cronología presentada por la acusación. Indicó que desde el 24 de marzo de 2026 ya se había solicitado la designación de un juez especial, lo que a su juicio evidencia que las autoridades tenían conocimiento previo del supuesto delito. Sin embargo, el arresto se produjo tres días después, lo que levanta dudas sobre la forma en que se desarrolló la operación.
Otro punto planteado por la defensa es el rol de la persona que habría entregado el dinero. Medrano explicó que esta figura fue considerada testigo y no imputado, por lo que cuestiona cuál habría sido el interés o la necesidad de realizar un pago de esa naturaleza.
Además, sugirió que el caso podría estar relacionado con intereses vinculados a investigaciones en las que participaba su defendido, aunque no presentó pruebas concretas sobre esta hipótesis.
En cuanto a la evidencia, reiteró que su cliente niega haber recibido los 10 mil dólares y criticó que, pese a mencionarse montos específicos en el expediente, no se presenten pruebas claras sobre el supuesto procedimiento de marcaje del dinero.
El caso ha generado debate tanto en la opinión pública como en el ámbito jurídico, especialmente en torno a los límites de las investigaciones penales y el uso de técnicas como las entregas controladas. Para la defensa, el proceso podría verse comprometido si no se demuestra que se respetaron las normas legales.
En paralelo, la jueza Isis Muñiz, de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, aplazó la audiencia para conocer la medida de coerción contra el fiscal, con el objetivo de permitir que la defensa revise el expediente. La continuación del proceso fue fijada para el martes 7 de abril.