En el juicio de fondo del caso Antipulpo, el Ministerio Público ha enfrentado críticas por la defensa del acusado Fernando Rosa, debido a un allanamiento realizado en la residencia de su hija, donde residen personas no implicadas en el caso.
Durante el interrogatorio al fiscal Andrés Mena por parte de la abogada Emery Rodríguez, se cuestionó la legalidad y la justificación del operativo. Mena defendió que el allanamiento se realizó bajo una orden judicial válida.
Sin embargo, Rodríguez argumentó que la orden de allanamiento estaba destinada exclusivamente a la residencia de Fernando Rosa y no a la de su hija.
En el operativo se incautaron varios objetos, incluyendo dinero en efectivo, celulares, laptops, tabletas y un arma de fuego propiedad del esposo de Fernanda Rosa. Cuando se le preguntó sobre la razón para confiscar estos bienes sin que los propietarios fueran investigados o arrestados, Mena explicó que se estaban recolectando «evidencias relevantes» para el caso.
Rodríguez subrayó que la orden de allanamiento no abarcaba la vivienda de la hija de Rosa y criticó la falta de arrestos o investigaciones sobre los habitantes de la residencia allanada.
El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ha anunciado un receso en la audiencia, que se reanudará el lunes 26 de agosto a las 9:00 de la mañana.
Los acusados en el caso Antipulpo enfrentan cargos que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, soborno, lavado de activos, y otros delitos relacionados con corrupción.
Entre los implicados están Fernando Rosa, la empresa RyT, y otros como Antonio Florentino Fulvio, Antonio Cabrera, el exministro de Salud Pública Lorenzo «Freddy» Hidalgo, Carlos José Alarcón, Aquiles Cristofer, Rigoberto Alcántara Batista, José Idelfonso Correa, Libni Valenzuela, Francisco Brea, Víctor Encarnación Montero, Lina Ercilia Vargas, Pacristy Ramírez, Carlos Martín Montes de Oca, Paola Molina, José Dolores Santana, Wacal Vernabel Méndez, Carmen Magali Medina Sánchez, Rafael Antonino Germosén Andújar, José Miguel Genao, la compañía Editorama, y Juan Alexis Medina Sánchez (principal imputado), junto con empresas de su propiedad.