La defensa del exministro de Hacienda Donald Guerrero afirmó que la acusación en su contra carece de sustento, al sostener que el propio Estado dominicano certifica que mantiene bajo su control los RD$21,000 millones que presuntamente habrían sido pagados de manera irregular a contratistas.
El abogado Eduardo Núñez, integrante del equipo legal de Guerrero, aseguró que la totalidad de esos fondos se encuentra depositada en el Banco de Reservas de la República Dominicana, y que no hubo salida de dinero del sistema estatal ni pagos a terceros.
“La acusación plantea que hubo pagos irregulares, pero el Estado certifica que conserva el dinero. Eso debe quedar claro”, sostuvo Núñez, al calificar el proceso como un caso sin precedentes, en el que —según dijo— la supuesta víctima reconoce que nunca perdió los recursos. “Sería la primera vez en la historia que la víctima se queda con el dinero”, enfatizó.
La defensa afirmó que su posición se apoya en documentos oficiales que demostrarían que no existió perjuicio económico, ya que los fondos permanecieron bajo control estatal en todo momento.
Las declaraciones fueron ofrecidas previo a la continuación de la audiencia preliminar que conoce la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, donde los abogados de Guerrero se encuentran en turno para presentar sus argumentos defensivos.
El caso involucra a varios ex altos funcionarios, entre ellos José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, a quienes se les atribuye haber integrado una supuesta estructura que habría operado desde distintas instituciones públicas para desviar fondos del Estado mediante pagos vinculados a expropiaciones de terrenos, contratos y otros compromisos financieros.
Según la acusación, los imputados habrían incurrido en delitos como asociación de malhechores, corrupción administrativa, desfalco, soborno y lavado de activos, presuntamente con fines de beneficio a terceros y financiamiento político.
Las defensas, sin embargo, han rechazado de forma categórica las imputaciones, insistiendo en que no existió distracción de fondos públicos y que los recursos cuestionados continúan debidamente registrados en las cuentas oficiales del Estado.