La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, entregó al Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados y Decomisados en Extinción de Dominio (Incabide) bienes incautados en casos de corrupción, con un valor total de RD$3,242,886,258.32 y US$1,417,600. Esta entrega incluye una amplia variedad de inmuebles y bienes de lujo, marcando un paso significativo hacia la transparencia y la recuperación del patrimonio público.
Detalles de los bienes entregados:
- Inmuebles: 58 apartamentos, 18 casas, 1 edificio, 10 fincas, 1 hotel, 6 inmuebles adicionales, 26 locales comerciales, 19 solares, 4 terrenos y 1 villa.
- Vehículos: 238 unidades, incluidos automóviles de lujo como Lamborghini, BMW y Mercedes Benz.
- Otros bienes: 4 aeronaves y joyas valoradas en RD$8,266,910.
La directora de la Unidad de Bienes Incautados del Ministerio Público, Damia Veloz, presentó los detalles de los bienes durante el acto, mientras que Germán Brito destacó que esta acción refuerza el compromiso de su gestión con la transparencia y la eficacia en el manejo de los recursos públicos. Según la procuradora, el objetivo es transformar estos bienes, obtenidos a través del delito, en recursos que beneficien a las comunidades más vulnerables.
Reacciones:
- José Manuel Vicente, ministro de Hacienda y presidente del Consejo del Incabide, calificó la entrega como un avance hacia la transparencia, subrayando que estos bienes serán subastados públicamente, conforme lo establece la ley.
- Milagros Ortiz Bosch, directora de Ética e Integridad Gubernamental, resaltó que estos bienes vuelven al Estado para cumplir funciones sociales, condenando el desvío de recursos públicos como un acto abominable.
- Manuel Oviedo Estrada, director del Incabide, afirmó que esta entrega representa un hito en la administración pública dominicana, destacando la importancia de la transparencia como eje fundamental de gestión.
El Ministerio Público también señaló que hay más bienes incautados pendientes de ser decomisados y que se continúa trabajando para garantizar que las investigaciones y acusaciones sigan estableciendo precedentes en la recuperación del patrimonio estatal.
Esta acción no solo marca un paso importante en la lucha contra la corrupción, sino que también refuerza la confianza en las instituciones públicas y su capacidad para actuar con justicia y transparencia en beneficio de la sociedad.