Los anuncios de empleo en Nueva York están sujetos a una nueva legislación de transparencia que entra en vigencia este domingo. Esta ley estatal se suma a los esfuerzos tanto a nivel estatal como local para proporcionar a mujeres y personas no blancas una herramienta que les permita abogar por una remuneración justa.
A partir de ahora, los empleadores con un mínimo de cuatro trabajadores deben revelar los rangos salariales para cualquier puesto de trabajo que anuncien públicamente o internamente para empleados interesados en ascender o ser transferidos.
Esta iniciativa, conocida como salario transparente, tiene como objetivo evitar que los empleadores ofrezcan a algunos candidatos salarios diferentes basados en su edad, género, raza u otros factores no relacionados con sus habilidades.
Los defensores de esta medida creen que también ayudará a los trabajadores subpagados a darse cuenta de que están recibiendo una remuneración inferior en comparación con otros que realizan el mismo trabajo.
Desde el año 2022, la ciudad de Nueva York ya tenía una ley similar sobre transparencia salarial. Ahora, el resto del estado se suma a un grupo selecto de otros estados con leyes comparables, como California y Colorado.
Da Hae Kim, consejera de política estatal en el Centro Nacional de Derechos para la Mujer, afirmó: «Existe una tendencia, no solo en términos legales, sino también en la mentalidad de los trabajadores, de querer saber qué esperar al ingresar a un trabajo. Los trabajadores demandan conocer el rango salarial».
Cabe mencionar que esta ley, aprobada por la gobernadora Kathy Hochul en 2022, también se aplica a los empleados que trabajan de forma remota fuera de Nueva York pero tienen un supervisor, oficina o sitio de trabajo con sede en el estado. Sin embargo, no aplica a agencias gubernamentales ni a firmas de ayuda temporal.
Frank Kerbein, director de recursos humanos en el Consejo Empresarial de Nueva York, ha expresado que el cumplimiento de esta ley será desafiante y prevé que muchos pequeños empleadores desconozcan su existencia, lo que resultará en una falta de cumplimiento no intencional. Además, critica que la ley incrementa la carga administrativa para los empleadores.