Ingrid Jorge, conocida como «La Torita», tiene un plazo de siete días para efectuar el pago de una garantía económica de RD$200,000, según informó este martes Miguel Valerio, abogado representante de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, en la demanda presentada contra Jorge y el comunicador Ángel Martínez por presunta difamación.
Valerio explicó a la prensa que la defensa de «La Torita» solicitó siete días para cumplir con el pago de la garantía. Añadió que, de no haberse establecido ese plazo, ella habría permanecido detenida. “Nosotros le dimos siete días para que haga el pago económico”, indicó.
Diversos tribunales impusieron medidas como presentación periódica e impedimento de salida del país, además de la garantía económica, tanto para Jorge como para Martínez. En el caso de este último, la garantía fue fijada en RD$500,000.
El abogado resaltó la diferencia en la conducta de ambos durante el proceso. Mientras que el equipo legal de Jorge actuó “de manera civilizada”, Martínez mostró una actitud desafiante, que incluso provocó su detención temporal por orden del juez.
“El señor Martínez cree, junto a su grupo, que está por encima de la ley”, afirmó Valerio. “Fue detenido debido a la forma grosera en que trató al juez. El juez dejó claro en la sentencia que su detención fue consecuencia de su propio comportamiento”.
Respecto a una posible conciliación, Valerio fue claro: “En el caso de Martínez, él no ha demostrado arrepentimiento. Por el contrario, en el tribunal afirma estar arrepentido, pero de inmediato lanza un improperio”.
En cuanto a Jorge, señaló que sus abogados han mostrado disposición para dialogar. “Siempre hemos manifestado que queremos soluciones alternativas a los conflictos, pero una disculpa no basta, pues es precisamente lo que ha prolongado esta situación”.
Valerio también aclaró que la defensa de Raful no busca una venganza personal. “Faride Raful no persigue una venganza privada; ella misma ha dicho que no conocía a esa persona. Nosotros confiamos en la ley y en la vía judicial para resolver estos conflictos”.
Ambos acusados enfrentan cargos por presunta difamación, en un proceso que todavía se encuentra en etapa de investigación.