El presidente ruso, Vladimir Putin, ha sido acusado de crímenes de guerra por la deportación ilegal de niños de las zonas ocupadas de Ucrania a Rusia. La Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI ha emitido una orden de arresto contra Putin y la comisionada presidencial rusa para los Derechos del Niño, María Lvova-Belova, por la misma acusación.
La CPI considera que hay «motivos razonables» para creer que Putin y Lvova-Belova tienen «responsabilidad penal individual» por el crimen de guerra que supone la deportación de menores. Aunque Rusia no es miembro de la CPI, la Corte ha sido autorizada por Ucrania para investigar crímenes de guerra durante la invasión rusa.
En su comunicado, la CPI destacó que «la deportación de civiles constituye una violación grave del derecho internacional humanitario» y que «la deportación de niños se considera una forma especialmente grave de violación del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario».
La emisión de estas órdenes de detención ha generado una gran polémica y tensiones diplomáticas entre Rusia y Ucrania. Por su parte, el gobierno ruso ha rechazado la acusación y ha denunciado que se trata de una maniobra política para dañar su imagen a nivel internacional.
En cualquier caso, la emisión de estas órdenes de detención es un importante paso adelante en la lucha contra los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad. Esperamos que esto sirva para enviar un mensaje claro de que aquellos que cometan estos delitos no quedarán impunes y que la justicia siempre prevalecerá.