La Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata dispuso que se realice un nuevo juicio en el proceso seguido contra Wander Samuel Franco Aybar, quien había sido sentenciado en primera instancia a dos años de prisión por abuso psicológico y sexual contra una adolescente.
La medida también alcanza a la madre de la víctima, condenada a 10 años de cárcel por explotación sexual comercial y lavado de activos, quien deberá nuevamente enfrentarse ante los jueces.
Durante la audiencia, el Ministerio Público solicitó al tribunal que emitiera una nueva sentencia e impusiera a Franco Aybar una pena de cinco años de prisión por abuso sexual infantil. No obstante, la Procuraduría consideró que reproducir las pruebas en un nuevo proceso permitirá obtener condenas más firmes y proporcionales a los hechos imputados.
Los fiscales Claudio Alberto Cordero Jiménez y José Martínez Montán, representantes de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y de la Fiscalía de Puerto Plata, aseguraron que están preparados para lograr resultados ejemplares en la próxima etapa judicial.
El fallo fue dictado por los jueces Onasis Pelegrín, Xiomara Tineo y Juan Suardi, quienes habían dejado la sentencia en estado de fallo reservado para este 9 de diciembre de 2025.
La resolución responde a los recursos presentados por las partes, incluida la apelación del Ministerio Público, contra la sentencia emitida el 27 de junio por el Tribunal Colegiado de Puerto Plata, integrado por Jakayra Veras, Venecia Rojas y José Juan Jiménez.
En el juicio original, Franco Aybar fue condenado a dos años de prisión con suspensión condicional de la pena, además del pago de 10 salarios mínimos y las costas del proceso.
El tribunal lo encontró culpable de violar el artículo 396, letras b y c, de la Ley 136-03, referente a la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Como parte de las condiciones impuestas, se ordenó que el condenado no pudiera acercarse a adolescentes con fines sexuales; el incumplimiento de esta restricción implicaría el cumplimiento inmediato de la pena en el CCR San Felipe, en Puerto Plata.
En cuanto a la madre de la víctima, la sentencia dispuso su reclusión en el CCR Rafey Mujeres, en Santiago, tras comprobarse su participación en actos de explotación sexual comercial y lavado de activos.
Además, le fue impuesta una multa de 30 salarios mínimos a favor del Estado dominicano.