Uno de los militares arrestados en la Operación Lobo, que investiga una presunta red de corrupción vinculada a contratos de seguridad privada en instituciones públicas, alegó a través de su abogado que actuó por instrucciones de su superior jerárquico y que facilitó su cuenta bancaria “de buena fe”.
El abogado Franklin Piña indicó que su cliente, un primer teniente del Ejército cuyo nombre no fue revelado, «no tenía conocimiento del uso indebido de los fondos», y que solo cumplía órdenes dentro de una estructura jerárquica en una de las empresas distribuidoras de electricidad del Estado.
Por su parte, Víctor Manuel Marte, representante legal del también primer teniente Wellington Peralta Santos, sostuvo que su defendido recibió sumas millonarias en su cuenta bancaria como parte de un acto de obediencia institucional, sin intención delictiva.
Ambos oficiales forman parte del grupo de 15 arrestados por el Ministerio Público, el cual acusa a una presunta estructura delictiva de utilizar sobornos para gestionar y mantener contratos de seguridad privada en entidades públicas.
Los arrestados
Entre los implicados se encuentran altos oficiales y civiles, incluyendo:
- Carlos Ambrosio Robles Díaz, mayor general retirado del Ejército.
- Los coroneles del Ejército Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez y Elías Camaño Pérez.
- El coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar.
- El coronel de la Policía Nacional Ramón Quezada Ortiz.
- El empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González.
- El primer teniente Wellington Peralta Santos.
- Bolívar Nicolás Fernández Espinal, detenido en Santiago.
Entidades afectadas
De acuerdo con la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), los contratos bajo investigación corresponden a:
- El Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi).
- El Seguro Nacional de Salud (Senasa).
- Las empresas EdeNorte, EdeEste y EdeSur.
La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, liderada por Milagros Ortiz Bosch.
El Ministerio Público evalúa las medidas de coerción a ser solicitadas contra los imputados, quienes permanecen detenidos en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.