Contrataciones Públicas destapa posible escándalo en el INABIE

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) anunció el inicio de una investigación de oficio sobre tres procesos de compras del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), que suman más de 6,700 millones de pesos. Los contratos investigados están vinculados con la adquisición de poloshirts, pantalones, mochilas, kits de útiles y zapatos escolares para los años escolares 2025-2026 y 2026-2027.

Los procesos bajo escrutinio, identificados con los códigos INABIE-CCC-LPN-2024-0008, 0010 y 0012, fueron adjudicados a 296 proveedores mediante 457 contratos. Las adjudicaciones alcanzan los siguientes montos:

  • Poloshirts y pantalones escolares: RD$2,805 millones
  • Mochilas y kits escolares: RD$1,366 millones
  • Zapatos escolares: RD$2,558 millones

La DGCP explicó que la investigación se produce tras detectar posibles irregularidades, como la participación de proveedores presuntamente vinculados a conflictos de interés y posibles violaciones al artículo 14 de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas, que prohíbe participar en licitaciones a personas con vínculos específicos con el Estado.

Coordinación con otros organismos

La investigación cuenta con el apoyo de la Unidad Antifraude de la Contraloría General, que verificará el destino y almacenamiento de los artículos comprados. También se revisarán los informes técnicos de evaluación y la labor de los peritos que inspeccionaron las empresas adjudicatarias.

Asimismo, la DGCP colaborará con Procompetencia para indagar posibles prácticas de colusión o concertación entre empresas, que pudieron haber afectado la equidad del proceso competitivo.

Medidas cautelares

Como medida preventiva, Contrataciones Públicas solicitará a la Contraloría General la suspensión del registro de los contratos involucrados hasta que finalicen las pesquisas y se determine si existieron faltas administrativas o legales.

Hasta la fecha, la DGCP no ha recibido recursos administrativos ni medidas cautelares por parte de los proveedores implicados, pero dejó abierta la posibilidad de recibir denuncias ciudadanas o nuevas evidencias que fortalezcan la investigación.

La entidad aseguró que se garantizará la entrega de los artículos escolares a los estudiantes, pero advirtió que se actuará con firmeza si se comprueban violaciones legales. Reiteró su compromiso con la transparencia y la competencia justa en el uso de fondos públicos, en especial aquellos dirigidos al sistema educativo nacional.

Se espera que los resultados de esta investigación refuercen los controles institucionales y prevengan futuras irregularidades en las compras públicas del país.