Al acoger la solicitud de procedimiento penal abreviado presentada por el Ministerio Público, una jueza del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Romana condenó a un año de prisión y al pago de una multa equivalente a 25 salarios mínimos a Eduardo Corporán De Aza, responsable de envenenar más de una docena de perros, un gato y varias gallinas.
Corporán De Aza fue hallado culpable del delito de biocidio y recibió la pena máxima contemplada en la Ley 248-12 sobre Protección Animal y Tenencia Responsable. La decisión fue emitida luego de que admitiera su responsabilidad en los hechos ocurridos en el sector Barrio Blanco de La Romana.
La normativa establece una sanción de un año de prisión para quienes cometen biocidio y dos años en caso de reincidencia. Tras haber cumplido dos meses de prisión preventiva, la sentencia dispone la suspensión de los diez meses restantes, sujeto al cumplimiento de las reglas establecidas en el artículo 41 del Código Procesal Penal.
La enlace nacional de Protección Animal del Ministerio Público, Roxanna Reyes Acosta, valoró positivamente la condena y destacó que los resultados se lograron “en tiempo récord”, luego de los hechos registrados en junio. La investigación estuvo a cargo de la fiscal Yalissa Marina Candelario Rijo.
Según el expediente, Corporán De Aza provocó la muerte por envenenamiento de cinco cachorros y un chihuahua, además de un gato y varias gallinas el 1 de junio de 2025. Días después, vecinos localizaron otro perro con quemaduras graves que también murió. El 14 de junio se reportó la muerte de otros seis perros —entre ellos una perra gestante— y un gato, igualmente con signos de envenenamiento, además de más gallinas afectadas.
El acuerdo penal abreviado fue admitido por la jueza interina Denia Beras de Mota, quien ordenó remitir la sentencia al Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís.
Durante el período de prueba equivalente a la pena suspendida, Corporán De Aza deberá residir en un domicilio fijo, evitar lugares o personas relacionados con el tipo penal imputado, no viajar al extranjero ni consumir alcohol en espacios públicos. También deberá capacitarse en una profesión u oficio a través de Infotep, las Escuelas Vocacionales o instituciones similares, y realizar 30 horas de trabajo comunitario. Asimismo, tiene prohibido portar armas o maltratar animales.
La sentencia advierte que el incumplimiento de estas condiciones implicaría cumplir íntegramente la pena en prisión.
La acusación se sustentó en pruebas testimoniales, periciales, documentales y materiales que demostraron la violación de los artículos 61 (numerales 3, 6 y 8) y 66 de la Ley 248-12 sobre Protección Animal y Tenencia Responsable.