Santo Domingo, El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) ha levantado la voz en denuncia, alegando que el Gobierno está ejerciendo presión y ofrecimientos inapropiados a jueces del Tribunal Superior Administrativo (TSA) encargados de los procesos relacionados con las elecciones del gremio. Según el CARD, se busca influir en acciones sin fundamento legal y sin respaldo probatorio.
Miguel Surun Hernández, presidente del CARD, ha expresado su preocupación, señalando que los magistrados están siendo presionados con promesas de posibles nombramientos en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) a cambio de emitir fallos a favor del candidato respaldado por el Gobierno, Johan López.
«Nos encontramos extremadamente preocupados por informes fidedignos que señalan que desde la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y del Ministerio Administrativo de la Presidencia se está presionando y amenazando a los jueces a cargo de emitir las decisiones respecto al Colegio de Abogados», afirmó el presidente del CARD.
Surun Hernández también indicó que el presidente del Tribunal Superior Administrativo, Diómedes Villalona, habría recibido ofertas de ascenso a la Suprema Corte de Justicia en dos reuniones a cambio de emitir sentencias desfavorables a Trajano Vidal Potentini.
El presidente del CARD argumentó que la demanda contra las elecciones carece de validez, ya que se dejó transcurrir el plazo de 48 horas para la información después de la publicación de los boletines oficiales, lo que indica que los resultados son definitivos y que la vía judicial está cerrada.
Surun Hernández solicitó que las audiencias sobre el caso sean televisadas para que la ciudadanía pueda ser testigo del comportamiento del presidente del Tribunal Superior Administrativo, a quien acusa de estar dispuesto a hacer cualquier cosa, incluso socavar el Estado de derecho, con tal de ascender a la Suprema Corte de Justicia.
Advirtió que el Colegio de Abogados tomará medidas y acciones legales contra cualquier decisión que implique prevaricación, considerándola como una acción abusiva, inconstitucional e ilegal que, en complicidad con el Gobierno, pueda afectar al gremio más importante de la República Dominicana.
«Estaremos en todos los escenarios y lo denunciaremos a la opinión pública, para que sepa el calibre de ese juez», concluyó Surun Hernández.