Código Procesal Penal está en un punto crucial, según expertos

El Código Procesal Penal (CPP), que lleva 20 años en vigor, se encuentra en un momento clave para analizar sus avances, reconocer los retos actuales y plantear soluciones que fortalecerán su aplicación. Así lo destacaron magistrados del Ministerio Público y del Poder Judicial durante un seminario organizado por la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

La jueza de la Sala Penal de la SCJ, María Garabito Ramírez, subrayó la importancia de este espacio de reflexión colectiva para avanzar hacia un sistema de justicia penal más eficiente, equitativo y alineado con los principios fundamentales del CPP. Según Garabito, este tipo de análisis es fundamental para asegurar que la justicia penal siga siendo un pilar esencial de la democracia.

Entre los retos identificados destacan la necesidad de promover un cambio cultural en la implementación de acuerdos penales, mejorar la interoperabilidad del sistema de justicia para gestionar procesos, y optimizar el programa de penalización.

Durante el encuentro, coordinado por el Instituto Caribeño para el Estado de Derecho (ICED), la directora de Persecución de la Procuraduría General, Yeni Berenice Reynoso, reconoció los avances logrados desde la entrada en vigencia del CPP en 2004. No obstante, enfatizó que Aún persisten grandes desafíos que requieren un trabajo conjunto entre todos los actores del sistema de justicia.

Reynoso instó a que fiscales, jueces y demás operadores del sistema analicen su trabajo y funciones para construir un sistema más sólido, preparado y capaz de enfrentar las oportunidades de mejora. Según sus palabras, «el sistema de justicia es una responsabilidad compartida entre todos los actores y la sociedad».

El seminario, que contó con el respaldo de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia (INL) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), reunió a expertos puertorriqueños, jueces de diversos departamentos judiciales, fiscales y operadores del sistema penal dominicano.