El presidente de Chile, Gabriel Boric, y la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, ofrecieron este jueves disculpas oficiales y públicas a una mujer que fue esterilizada forzosamente por su condición de seropositiva.
Las disculpas se oficializaron en un acto realizado en el Palacio de La Moneda, encabezado por el presidente, y forma parte del Acuerdo de Solución Amistosa suscrito entre el Estado y las organizaciones peticionarias del caso presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Vivo Positivo y el Centro de Derechos Reproductivos.
«Este acto de reparación reafirma el compromiso del Estado chileno de intentar reparar los daños causados por las acciones de sus empleados», declaró Urrejola. «También subraya el compromiso de esta administración de asegurarse de que los derechos reproductivos y la autonomía sexual y reproductiva de las mujeres no se vean afectados como lo fueron en este caso», añadió la ministra.
Por su parte, Boric sostuvo: «Duele pensar que el Estado, que hoy día tengo el honor de representar, es responsable de estos casos». Además, se comprometió a llevar a cabo las acciones necesarias «para que nunca más se vuelva a repetir algo de estas características, y para que los casos donde ya se han cometido estas atrocidades sean reparados como corresponde».
El caso tuvo lugar en 2002, cuando la mujer, identificada como Francisca, que entonces tenía tan solo 20 años, fue diagnosticada con VIH cuando se encontraba embarazada de su primer hijo.
Tras dar a luz, mientras se encontraba bajo los efectos de la anestesia que le habían suministrado durante la cesárea, los médicos del hospital público en el que estaba siendo atendida le realizaron una intervención quirúrgica para esterilizarla porque pensaban que era irresponsable que una mujer seropositiva tuviera más hijos.
Francisca fue informada cuando despertó de la anestesia por una enfermera que le comunicó que la esterilización se había llevado a cabo sin su consentimiento.
Cinco años después, en 2007, Francisca presentó una denuncia penal contra el médico, que se defendió sosteniendo que había obtenido el consentimiento verbal de la paciente. El caso fue desestimado un año después. En 2009 el caso fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.