La castración química regresó con fuerza a la agenda política luego del impacto nacional por el caso de Aurora, una niña hallada sin vida en Italia. El crimen reabrió una discusión profunda sobre cómo enfrentar los delitos sexuales más graves y si el Estado debe recurrir a medidas extremas para prevenir la reincidencia.
Sectores que respaldan la iniciativa sostienen que el tratamiento farmacológico podría reducir la repetición de estos crímenes y reforzar la seguridad pública. El debate tomó nuevo impulso en 2026, cuando el partido Liga reintrodujo la propuesta, aunque hasta el momento no se ha convertido en ley.
Sin embargo, la iniciativa choca con fuertes cuestionamientos legales y éticos. Juristas y defensores de derechos humanos advierten sobre posibles violaciones a la Constitución italiana y a los estándares internacionales, reavivando la tensión entre castigo, prevención y derechos fundamentales.