Sin el respaldo de las bancadas de oposición, la Cámara de Diputados aprobó este lunes, con declaratoria de urgencia, el proyecto de ley que autoriza el pago de deudas correspondientes a obras ejecutadas sin contrato formal por pequeños contratistas, así como trabajos de mantenimiento correctivo en escuelas, supervisiones técnicas y labores de asfaltado.
La iniciativa fue presentada por el senador Franklin Martín Romero Morillo y comenzó a conocerse en el Senado el 16 de diciembre de 2025. En esa cámara fue aprobada en dos lecturas el pasado 10 de enero de 2026 y depositada este mismo lunes en la Cámara de Diputados, donde fue incorporada a la sesión pese a no figurar originalmente en la agenda del día.
Durante el debate, el diputado Danilo Díaz solicitó que la pieza fuera enviada a comisión para un estudio más detallado y que su conocimiento se dejara para la próxima legislatura. En una posición similar, el legislador de la Fuerza del Pueblo Carlos de Pérez aclaró que no se oponía al pago de las deudas, pero cuestionó la premura con la que se conocía el proyecto, señalando que se trata de compromisos acumulados durante más de tres décadas.
De Pérez advirtió que la iniciativa no establece con precisión el monto total a desembolsar ni el detalle individual de los pagos, lo que, a su juicio, representa un riesgo para los recursos públicos. También indicó que entre los acreedores hay personas fallecidas, por lo que se hace necesario identificar a sus causahabientes, y recordó que al momento de ejecutarse las obras existía un marco legal que debe ser considerado por razones de seguridad jurídica.
En defensa del proyecto, el diputado oficialista Willy Sánchez sostuvo que se trata de una medida urgente para ciudadanos que confiaron en el Estado, al destacar que existen alrededor de 565 proyectos pendientes de pago. En el mismo tenor, Amado Díaz afirmó que la aprobación constituye “un acto de justicia” para ingenieros y pequeños suplidores que vieron afectadas sus finanzas al no recibir los pagos correspondientes por trabajos ya realizados.
Concluido el debate, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, sometió a votación la propuesta de enviar la iniciativa a la Comisión de Obras Públicas, la cual fue rechazada con 93 votos en contra y 20 a favor. Acto seguido, se aprobó el tratamiento de urgencia y el proyecto fue sancionado en primera discusión.
Posteriormente, se abrió una sesión extraordinaria en la que la pieza también fue aprobada en segunda lectura, esta vez con la abstención de las bancadas de oposición. La votación final se produjo únicamente con los votos de los legisladores oficialistas, lo que permitió que el proyecto quedara convertido en ley y fuera remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación.
En la sesión estuvo presente una representación del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, encabezada por su presidente, Enrique Rosario, quien valoró la aprobación como un acto de justicia para pequeños contratistas a los que se les adeudan obras desde 1996. Explicó que muchas de estas construcciones fueron realizadas prácticamente a crédito para el Estado y que, aunque no todas cuentan con contratos formales, existe un listado detallado de los trabajos ejecutados, cuyos lugares están debidamente identificados y pueden ser auditados.