Los jueces de la máxima corte de Brasil han votado a favor de despenalizar la portación de marihuana para uso personal, una decisión que ha mantenido dividida a la sociedad brasileña desde que la votación comenzó en 2015. El presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), Luis Roberto Barroso, resumió la decisión al declarar: «Se forma mayoría para decidir que el porte para consumo personal de cannabis constituye una acción ilícita sin naturaleza penal».
La decisión se consolidó con el voto favorable del juez José Antonio Dias Toffoli, logrando una mayoría de ocho de los 11 magistrados del STF a favor de la despenalización, mientras que tres se opusieron. Barroso especificó que, a pesar de la despenalización, se mantiene «la prohibición del consumo en lugares públicos».
Desde 2006, la legislación vigente en Brasil castiga a quienes adquieran, guarden, transporten o lleven consigo drogas para uso personal, incluido el cannabis. Las penas para los consumidores son leves, como prestar servicios comunitarios o participar en programas educativos. Sin embargo, la ley permite a los jueces determinar si el portador es usuario o traficante, imponiendo duras penas de prisión a los traficantes.
Durante el debate, los jueces discutieron la cantidad de cannabis que diferencia a un usuario de un traficante. La mayoría votó a favor de definir un límite, aunque hubo divergencias sobre las cantidades, que varían entre 25 y 60 gramos. Barroso anunció que la decisión final sobre la cantidad se dará a conocer el 26 de junio.
El juicio responde a un recurso presentado por la defensa de un preso condenado por esconder tres gramos de cannabis en su celda. En 2023, el juez Alexandre de Moraes criticó la ley antidrogas existente, señalando que castiga sobre todo a «los jóvenes, especialmente los negros sin educación, tratados como traficantes por poseer pequeñas cantidades».
Una vez concluido este proceso, todas las instancias judiciales deberán seguir la decisión del STF al juzgar casos de tenencia de cannabis. No obstante, el tema sigue siendo controvertido en Brasil, con organizaciones conservadoras oponiéndose firmemente a la despenalización.
En paralelo, una iniciativa contraria avanza en el Congreso. El Senado, de mayoría conservadora, aprobó en abril de 2024 un proyecto que introduce en la Constitución el delito de posesión de drogas, sin importar la cantidad. La enmienda será debatida en la Cámara de Diputados.