Santo Domingo, R.D. – La Fiscalía del Distrito Nacional informó este viernes que ha recibido 14 nuevas denuncias civiles contra los propietarios del centro de diversión Jet Set Club, sumando un total de 82 acciones legales por parte de familiares de las víctimas del trágico colapso ocurrido el pasado 8 de abril, que dejó 236 muertos y más de 180 heridos.
El aumento en las demandas se produjo luego del arresto de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios del establecimiento, quienes están siendo investigados por el presunto delito de homicidio involuntario, conforme al artículo 319 del Código Penal Dominicano.
Según fuentes del Ministerio Público, dos nuevas querellas penales fueron recibidas el jueves y cuatro más el viernes, además de ocho demandas de indemnización civil. La fiscalía tiene hasta este sábado para presentar formalmente a los imputados ante un juez de atención permanente, quien deberá decidir si enfrentan el proceso judicial en libertad o bajo medidas de coerción.
Acusaciones de negligencia e intento de manipulación
En el documento que acompaña la orden de arresto, las autoridades acusan a los hermanos Espaillat de haber incurrido en una “inmensa irresponsabilidad y negligencia” al no corregir las fallas estructurales del techo, a pesar de haber sido advertidos del peligro. La discoteca funcionaba en una estructura originalmente construida para albergar un cine, y sobre su techo se colocaban equipos de aire acondicionado y plantas eléctricas de gran peso, lo que agravó la vulnerabilidad de la edificación.
Además, el Ministerio Público les atribuye intentos de intimidación y manipulación de empleados de la empresa Inversiones E y L, S.R.L., encargada de operar el local nocturno, quienes podrían servir como testigos clave en el proceso penal.
Defensa y contexto legal
El abogado de Antonio Espaillat, Miguel Valerio, declaró a la prensa que su cliente “debería seguir en libertad”, al considerar que no existió intención criminal detrás del colapso: “Vuelvo y repito: no hubo intención en lo que pasó”, sostuvo.
El evento trágico ocurrió durante una presentación del popular merenguero Rubby Pérez, quien también murió en el lugar. Imágenes aéreas posteriores mostraron un enorme agujero en el techo tras el derrumbe, con maquinaria de gran tamaño visible en medio de los escombros.
El delito de homicidio involuntario contempla penas de tres meses a dos años de prisión, así como una multa que oscila entre 25 y 100 pesos dominicanos, una sanción que muchos consideran desproporcionada frente al alcance de esta tragedia.
Las investigaciones continúan activamente mientras se espera la decisión judicial sobre las medidas cautelares para los imputados.