El juicio político es un proceso legal al que es sometido un funcionario público que es acusado de cometer algún acto ilícito dentro del ejercicio de sus funciones.
Según lo declarado este sábado por la comisión especial de la Cámara de Diputados que investiga las presuntas irregularidades en la Cámara de Cuentas, los miembros del pleno de este órgano fiscalizador podrían ser llevados a este tipo de juicios.
El procedimiento para el juicio político en República Dominicana empieza en la cámara baja del Congreso Nacional.
La Constitución del 2010 otorga facultad a la Cámara de Diputados, en el artículo 83, para acusar ante el Senado a los funcionarios públicos elegidos por voto popular, por el Consejo Nacional de la Magistratura y a los elegidos por el Senado, como es el caso de los miembros del pleno de esta dependencia.
Para formular la acusación, se debe contar con el voto de las dos terceras partes de la matrícula de los diputados.
Tan pronto la Cámara de Diputados declara un ha lugar de la acusación, el funcionario queda suspendido de sus funciones.
CONSECUENCIAS
Una vez acogida por el Senado, la declaración de culpabilidad deja al funcionario destituido de su cargo e inhabilitado por diez años para desempeñar cargos públicos, sean o no sean de elección popular, según establece el artículo 80 de la Carta Magna.
La Constitución deja abierta la posibilidad de que la persona destituida por el Senado sea acusada y juzgada ante tribunales ordinarios, lo cual debe ser aprobado con el voto de las dos terceras partes.
El actual pleno de la Cámara de Cuentas está integrado por su presidente, Janel Andrés Ramírez Sánchez y los miembros Tomasina Tolentino, Elsa Peña, Elsa Catano y Mario Fernández.
OTROS JUICIOS POLÍTICOS
En el año 2007, “la Cámara de Cuentos”, expresión acuñada de manera despectiva por la población por las constantes controversias de la institución, era presidida por Andrés Terrero.
Durante su gestión, Terrero se aumentó el sueldo y sus miembros pasaron de cobrar 300 mil pesos a cobrar más de RD$600,000 mensuales.
Aunque las críticas no tardaron en llegar, logrando dejar sin efecto la disposición en mayo de ese mismo año, esto no logró aplacar la avalancha que se le vendría encima a esa administración tiempo después.
El pleno encabezado por Terrero fue sometido al escarmiento y a un juicio político en 2018, bajo acusaciones de “lucha de intereses en el manejo de las auditorías, distribución irregular de cargos en la institución, círculo de nepotismo y compras irregulares sin las licitaciones adecuadas”.
La gravedad de las acusaciones lo empujaron a él y a los otros titulares Henry Mejía, José A. Maceo, Juan Adalberto Lora Ruíz, Freddy Almonte Brito, Luis Yépez Súncar, José Altagracia Gregorio y Ulises de Beras de la Cruz a renunciar de sus puestos.
Exceptuando a y Alcides Decena Lugo, quien se negó a renunciar y fue destituido.