El arresto y traslado de varios exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina y otros implicados en la operación Calamar ha causado un inusual movimiento en el Palacio de Justicia del Distrito Nacional. La entrada y salida constante de abogados y familiares de los detenidos en la cárcel preventiva ha sido el ambiente predominante durante el fin de semana, lo que contrasta con la tranquilidad que suele reinar en el lugar en ese día de la semana. Los abogados han guardado silencio sobre las imputaciones individuales de sus clientes y se espera que el ministerio público presente la solicitud de medida de coerción.
Los acusados enfrentan cargos de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno, financiamiento ilícito de campaña y lavado de activos. La operación implicó 40 allanamientos ejecutados en varias localidades, con la participación de fiscales, técnicos, miembros de la policía y un amplio equipo de apoyo administrativo.
El caso de la operación Calamar ha generado una gran expectación en la opinión pública dominicana, debido a que los imputados son exfuncionarios de alto rango del gobierno anterior, que supuestamente participaron en actos de corrupción y desfalco del erario público.
Este caso se suma a otros similares que han ocurrido en el país en los últimos años, como la Operación Anti-Pulpo y la Operación Coral, que han llevado a la detención y procesamiento de varios exfuncionarios y empresarios acusados de actos de corrupción y lavado de dinero.
La lucha contra la corrupción y la impunidad es uno de los mayores retos que enfrenta la República Dominicana, y este tipo de operaciones son un paso importante para lograr la transparencia y la rendición de cuentas que demanda la sociedad.