El abogado Ángel Lockward ofreció este jueves una explicación sobre su implicación en el caso que involucra al director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Milton Morrison, y al presidente de la empresa Dekolor, S.R.L., Rogelio Oruña, tras la cancelación de un contrato por supuestas irregularidades.
Lockward aclaró que su encuentro con Morrison no tuvo como objetivo intervenir en disputas personales o comerciales, sino cumplir con un procedimiento establecido en el acuerdo DR-CAFTA. Según explicó, recibió una petición formal de una empresa extranjera que alegaba que sus derechos fueron vulnerados durante un proceso de licitación del INTRANT.
“Yo no fui a mediar, fui a entregar una comunicación formal y a señalar hallazgos administrativos que podrían corregirse aún a tiempo”, afirmó Lockward. Subrayó que su actuación respondió a las disposiciones del acuerdo internacional, el cual exige agotar una etapa de diálogo con la autoridad antes de acudir a instancias judiciales.
Durante la reunión, el abogado abordó dos temas específicos: la entrega de una carta de la empresa BCA solicitando igualdad de condiciones en la licitación, y la identificación de lo que calificó como una “apropiación indebida de partidas presupuestarias”, es decir, el desvío de fondos asignados para un contrato vencido con Dekolor.
“El término ‘desfalco’ no lo uso como sinónimo de robo, sino como uso incorrecto de partidas presupuestarias para fines distintos a los establecidos por el Congreso”, aclaró.
Lockward argumentó que el contrato con Dekolor ya había finalizado, y que los fondos destinados a su ejecución fueron utilizados sin respaldo administrativo en otros propósitos, lo que, a su juicio, vulnera la Ley de Presupuesto y principios constitucionales.
“En 40 años de vida pública, nadie ha podido desmentirme una afirmación. Fui a cumplir con lo que manda el DR-CAFTA y alertar sobre errores administrativos graves que, de no corregirse, podrían tener consecuencias legales”, sostuvo.
El jurista dijo haber planteado una alternativa basada en la transparencia: reunir a todos los oferentes, con participación de la prensa, para discutir públicamente las objeciones y propuestas, con el fin de evitar dudas sobre parcialidades o anomalías.
“Si el servicio de licencias estaba funcionando bien, como lo indica el mismo reporte oficial del INTRANT, no se entiende por qué se realizó una reasignación presupuestaria injustificada que dejó en cero la cuenta destinada a ese contrato”, comentó, en relación con el presunto traspaso irregular de más de 1,400 millones de pesos, con aval de la Dirección General de Contrataciones Públicas.
Estas declaraciones se produjeron después de que circulara la versión de que Lockward había acudido al INTRANT para intervenir a favor de Rogelio Oruña, presidente de Dekolor, empresa señalada en una querella presentada por Morrison por supuesta operación fraudulenta.