Amnistía Internacional (AI) exigió «el cese inmediato de la violencia estatal» en Perú y destacó que hay un «evidente impacto negativo de la respuesta militarizada a la actual crisis» en el país, además de lamentar las víctimas de las protestas de la última semana en el país andino.
«Ante la evidencia del impacto negativo de la respuesta militarizada a la actual crisis en el Perú, demandamos el retiro de las fuerzas militares del control de protestas, dijo la directora para las Américas de AI, Erika Guevara, en un comunicado.
Desde el 11 de diciembre, se recrudecieron en diversos puntos de Perú protestas contra la presidenta Dina Boluarte, que también piden el cierre del Congreso y el adelanto de las elecciones. Hasta la fecha han fallecido en estas protestas 23 personas.
Boluarte decretó ante la alta crispación social el estado de emergencia nacional en todo el país, que entró en vigor este jueves y permite el despliegue de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía, además de toque de queda en varias provincias.
AI señaló que, desde la declaratoria del estado emergencia a nivel nacional, el 15 de diciembre, la organización «ha continuado recibiendo numerosas denuncias sobre violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas militares y policiales en las protestas sociales, que van desde el uso excesivo de la fuerza y privaciones de la libertad sin respetar el debido proceso, hasta la tortura».
Advirtió que la forma en que las fuerzas militares y policiales han intervenido en la situación «va en contra de los estándares internacionales de derechos humanos y puede agudizar la actual crisis».
Por su parte, la directora de Amnistía Internacional Perú, Marina Navarro, afirmó en la misma comunicación que las autoridades «le están dando la espalda a la ciudadanía y están enviando a las fuerzas del orden a resolver con represión un problema que debe solucionarse con diálogo. La seguridad de la población no se puede garantizar vulnerando derechos humanos».
«Exigimos el cese inmediato del uso excesivo de la fuerza por parte de todas las fuerzas estatales, y la búsqueda de una salida urgente, a través del diálogo, que detenga la escalada de violencia y prevenga la muerte de más personas», señaló Rosas.
La organización concluyó el comunicado al demandar la investigación pronta, imparcial y oportuna, así como «la identificación de responsabilidades de todo tipo por las violaciones de derechos humanos fruto de la represión registrada desde que empezaron las protestas en todo el país».