La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) ha planteado la creación de un reglamento nacional que regule el uso de sistemas de videovigilancia en las escuelas, con el objetivo de proteger el derecho a la privacidad y evitar que las cámaras sean utilizadas para criminalizar a docentes y estudiantes.
La propuesta sugiere que este reglamento sea elaborado de manera conjunta por el Ministerio de Educación (MINERD), los padres y representantes de las escuelas, la Defensoría del Pueblo, UNICEF, la sociedad civil y la propia ADP.
El gremio docente enfatiza la necesidad de establecer sanciones claras para el uso inapropiado de las grabaciones y para la instalación irregular de los sistemas de vigilancia.
Sobre el reciente debate en torno a la instalación de cámaras en los centros educativos, la ADP expresó que no está en contra de adoptar medidas legítimas para garantizar la seguridad, siempre que estas respeten la privacidad y no se utilicen como herramientas para el control laboral, disciplinario o para criminalizar a profesores o alumnos. Subrayan que dichas medidas deben contar con una regulación clara, consensuada con la comunidad educativa, y enfocarse en la prevención.
“La seguridad en las escuelas es una responsabilidad compartida, pero la implementación de cámaras no debe imponerse de forma unilateral ni sin un marco legal que proteja los derechos fundamentales de quienes forman parte del entorno escolar”, indicó la organización.
En un comunicado, la ADP reafirmó su compromiso con un ambiente escolar seguro, pero también respetuoso de la dignidad y privacidad de cada integrante de la comunidad educativa.
El sindicato destacó que la instalación de sistemas de videovigilancia debe equilibrar la necesidad de seguridad con la protección de la intimidad de estudiantes, docentes y personal administrativo.
Asimismo, la ADP hizo referencia a criterios legales y posiciones institucionales, como la sentencia TC/0096/19 del Tribunal Constitucional Dominicano, que reconoce la importancia de implementar tecnologías para la seguridad, pero establece límites que protejan la privacidad.
También mencionaron las recomendaciones del Defensor del Pueblo y la Procuraduría de Protección de la Niñez, que insisten en que cualquier política de vigilancia escolar debe priorizar la protección de los menores y no convertirse en un mecanismo de control disciplinario encubierto.
Finalmente, la ADP recordó la existencia de instrumentos internacionales que forman parte del marco jurídico nacional, tales como la Convención sobre los Derechos del Niño, el Convenio 108 del Consejo de Europa sobre protección de datos personales, y las directrices de UNESCO y UNICEF sobre vigilancia escolar y derechos de la niñez.