La empresa Verde Ecoreciclaje Industrial (VERI) ha acusado al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de incumplir una sentencia del Tribunal Constitucional del 2018 que ordena prohibir la exportación de baterías ácido-plomo usadas (BAPU), consideradas desechos peligrosos.
El Ing. José Antonio Rodríguez, presidente de VERI, afirmó que el tribunal ordenó al Ministerio de Medio Ambiente emitir, en un plazo máximo de tres meses, un reglamento para prohibir la exportación de desechos, tal como lo establece la Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales en sus artículos 80, 104 y 105.
VERI es una empresa certificada para el manejo responsable de las BAPU de acuerdo con las directrices técnicas del Convenio de Basilea y la Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El presidente de VERI afirmó que, a pesar de tener la capacidad y la tecnología adecuada para el manejo de estos desechos peligrosos, se están manejando de manera inadecuada en diferentes puntos del país, lo que representa un riesgo para el medio ambiente y la salud de la población.
Rodríguez denunció que se han otorgado permisos ilegales para el manejo de estos desechos sin considerar su tratamiento adecuado, lo que va en contra de la Ley 64-00 y el Convenio de Basilea. Además, señaló que el Ministerio de Medio Ambiente elaboró un reglamento que contraviene el Convenio de Basilea, la Ley 64-00 y la sentencia del Tribunal Constitucional.
La empresa VERI ha recurrido al Tribunal Superior Administrativo (TSA) en dos ocasiones y ha obtenido fallos a su favor, anulando puntos del reglamento que violan la ley y la sentencia del Tribunal Constitucional.
VERI es la única planta de reciclaje de baterías usadas (BAPU) en el Caribe con tecnología verde certificada por las autoridades regionales del Convenio de Basilea para Centroamérica, México y el Caribe, así como por el International Lead Management Center (ILMC). La empresa utiliza tecnología respetuosa con el medio ambiente para el manejo responsable y sostenible de estos desechos.