En 2019, la mexicana Abril Pérez Sagaón murió asesinada con, al menos, dos disparos, uno en la cabeza y otro en la espalda.
El caso conmocionó a México porque ocurrió un 25 de noviembre, cuando miles de mujeres se manifestaban por el Día contra la Violencia de Género. También porque Abril ya había denunciado a su exmarido por intento previo de homicidio y un juez había desestimado el caso.
Y porque Juan Carlos García, exmarido de Abril, fue el director de Amazon México.
Ocho personas fueron detenidas en relación con el feminicidio, pero no García, quien está prófugo de la justicia y con alerta roja de Interpol.
Esta semana, en una audiencia intermedia por el caso, Rodolfo «N», uno de los detenidos, declaró ante el juez que planeó y ejecutó el asesinato por orden del exmarido de Abril.
De acuerdo con Rodolfo «N», quien presuntamente disparó contra Abril, el exesposo le pagó 180.000 pesos mexicanos (algo más de US$ 9.000) para matarla, e incluso le ofreció un «bono» de otros 50.000 pesos (unos US$2.500) si el asesinato se cometía antes de la siguiente audiencia del proceso que se llevaba en su contra por un intento previo de feminicidio, según recoge el medio local Animal Político.
En la misma audiencia, un taxista, acusado de dar apoyo logístico, dio detalles sobre la participación de una mujer, Ahisha «N». La mujer, ya detenida, presuntamente sirvió de enlace entre Juan Carlos García y los autores materiales.
El abogado de la familia de Pérez Sagaón, Héctor Pérez, dijo en una entrevista a Animal Político que esto «abona al derecho a la verdad, a esclarecer los hechos» y debería ejercer más presión en la Fiscalía General de México para detener a Juan Carlos García.
«Hasta el momento, la fiscalía no había podido esclarecer quién disparó, y se estableció ante un juez el señalamiento claro de que Juan Carlos organizó el feminicidio, pagó por él e incluso ofreció un bono para evitar que continuara el proceso en su contra», detalló el defensor.
En la audiencia, Rodolfo «N» pidió disculpas a los familiares de Pérez Sagaón y les dijo que había cometido el crimen porque necesitaba el dinero.
Javier, hermano de Abril Pérez Sagaón, dijo que «el proceso no termina hasta que no esté el autor intelectual», según recoge el medio local Milenio. «Lo que queremos es que el autor intelectual, quien decidió matar a mi hermana, esté preso».
En enero de 2019 Abril Pérez Sagaón denunció a su marido, Juan Carlos García, por intento de homicidio.
Su entonces esposo la golpeó con un bate de beisbol mientras dormía e intentó matarla, le provocó heridas con un bisturí y uno de sus hijos fue testigo.
Pérez Sagaón denunció el intento de homicidio y logró que le concedieran una orden de alejamiento contra su esposo. A la vez, se trasladó a Monterrey, en el norte del país. Desde allí daba seguimiento al proceso judicial y tramitaba el divorcio.
En septiembre, Juan Carlos García ingresó en prisión como medida cautelar.
Pero el caso dio un giro cuando el juez Federico Mosco González reclasificó el delito de feminicidio en grado de tentativa a «lesiones y violencia familiar».
Eso allanó el camino para retirar la prisión preventiva, y el hombre quedó en libertad el 8 de noviembre por decisión del juez Carlos Trujillo Rodríguez.
Fue ahí cuando García interpuso un recurso legal para obtener la custodia de sus hijos. Y eso hizo que Abril Pérez Sagaón tuviera que trasladarse de Monterrey a Ciudad de México de manera regular.
El 25 de noviembre, solo 11 meses después de su denuncia, Abril estaba de camino al aeropuerto de la capital mexicana tras una audiencia. En ese trayecto, dos sujetos en una moto se aproximaron al vehículo y dispararon.
Aunque fue trasladada con vida a un hospital cercano, murió por la gravedad de las heridas.
La Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México anunció entonces que continuaría con las investigaciones para dar con los responsables del asesinato de Pérez Sagaón y que había abierto una investigación contra los jueces involucrados en la liberación de García.
Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, pidió en la Cámara de Diputados la destitución e inhabilitación del juez Mosco González, quien ya había estado involucrado en otra decisión polémica.
Con anterioridad, este juez decidió liberar a un doctor acusado de violar a una paciente en un hospital público.
Mosco González descartó el delito de violación, por lo que el acusado solo enfrentó cargos por el delito de abuso sexual, y pudo hacerlo en libertad.
El juez fue suspendido desde noviembre de 2019 por su actuación en el caso, al igual que el otro magistrado que encabezó las audiencias, Luis Alejandro Díaz.
Héctor Jiménez López, otro de los jueces que participó en el caso, vio como el Congreso de Ciudad de México rechazó que continuara en su cargo de magistrado de forma vitalicia por su desempeño en este mismo proceso.