El domingo, la abogada Laura Acosta cuestionó la conexión directa entre la solicitud de medida de coerción presentada contra el exministro Gonzalo Castillo y el presunto fraude conocido como Calamar, que se sospecha habría causado un perjuicio económico de más de 19 mil millones de pesos al Estado.
Acosta afirmó que existe una baja probabilidad de que los hechos alegados sean verdaderos y destacó que los testimonios de delincuentes confesos no deberían ser considerados como pruebas válidas por la jueza Kenya Romero.
Los abogados defensores de Gonzalo Castillo aseguraron que su cliente no tiene conexión directa con el presunto fraude denominado Calamar, que habría causado un perjuicio económico de más de 19 mil millones de pesos al Estado.
Laura Acosta y Nassef Perdomo señalaron que Castillo ha presentado pruebas materiales que lo desvinculan de la Operación Coral, de la cual el Ministerio Público lo acusa de ser parte.
De acuerdo con Acosta, entre las pruebas presentadas por la defensa de Gonzalo Castillo se encuentra un video que demuestra la imposibilidad de que un vehículo tipo F150, supuestamente utilizado para entregar una gran suma de dinero al exministro en el parqueo soterrado, pudiera haber ingresado al lugar.
Además, la abogada afirmó que el hecho de que Castillo haya ingresado al Estado con una deuda de 40 millones de dólares y salido con una deuda mayor a 5 mil millones de pesos contradice la teoría del enriquecimiento ilícito que sostiene el Ministerio Público.
Por su parte, Nassef Perdomo afirmó que Castillo ha desmontado todas las acusaciones del Ministerio Público, especialmente a partir de las confesiones de los imputados que han llegado a acuerdos con la fiscalía.
Perdomo señaló que la inconsistencia de las declaraciones de los imputados ha creado un problema para el Ministerio Público, ya que muchas de ellas son incompatibles con las acusaciones contra Castillo.
La defensa también señaló que el entramado de corrupción comenzó a operar antes de que Castillo fuera precandidato y candidato presidencial, lo que contradice la acusación del Ministerio Público de que el desfalco se hizo para financiar su campaña electoral.
Entre los detenidos por la ‘Operación Coral’ se encuentran los exministros Donald Guerrero y José Ramón Peralta, así como otros exfuncionarios y empresarios.
Según el Ministerio Público, este entramado de corrupción distrajo más de 19,000 millones de pesos y afectó a varias instituciones, incluyendo el Ministerio de Hacienda.