Durante los 18 años transcurridos entre el año 2005 y el 2022, el Poder Ejecutivo ha dejado de asignar a los demás poderes del Estado un total de RD$ 223,798.5 millones de su presupuestos debido al no cumplimiento de las disposiciones de la Ley 194-04 de autonomía presupuestaria y administrativa, promulgada por el presidente Hipólito Mejía, el 28 de julio del año 2004.
Un análisis de lo que dispone la citada legislación, convertida en Ley por el Senado de la República el 22 de julio de 2004, así como del presupuesto y de los ingresos fiscales entre el 2005 y el mes de noviembre 2022, muestra que el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Ministerio Público y la Cámara de Cuentas de la República Dominicana han sido afectados por el no cumplimiento de la Ley 194-04 que dispone la autonomía presupuestaria y administrativa de la Procuraduría General de la República y de la Cámara de Cuentas, y que fija las proporciones de los ingresos públicos internos que se deben asignar cada año como techo presupuestario al Poder Legislativo, al Poder Judicial y a los dos órganos anteriormente mencionados.
Según el Artículo 2 de la referida Ley el “Presupuesto del Poder Legislativo (Congreso Nacional) será de por lo menos tres punto diez por ciento (3.10%) de los ingresos internos, incluyendo los ingresos adicionales y los recargos establecidos en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos”. El 70% del 3.1% corresponderá a la Cámara de Diputados y el 30% al Senado de la República.
De igual manera, el Artículo 3 de la Ley 194-04 establece que: “El Presupuesto del Poder Judicial (Suprema Corte) y del Ministerio Público (Procuraduría General de la República), serán de por lo menos un cuatro punto diez por ciento (4.1 %) de los ingresos internos, incluyendo los adicionales y los recargos establecidos en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos.”. El 65 % del 4.1 % corresponderá al Poder Judicial y el restante 35 % al Ministerio Público.
Con respecto al Presupuesto de la Cámara de Cuentas de la República, la Ley establece que debe ser igual al cero punto treinta por ciento (0.30 %) de los ingresos internos, incluyendo los adicionales y los recargos establecidos en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos.”
Para el cálculo de las asignaciones presupuestarias no entregadas a los Poderes Legislativo y Judicial, así como a la Procuraduría General y la Cámara de Cuentas se ha tomado como referencia la proporción no comprometida de los ingresos públicos percibidos por el gobierno depositados en la fuente denominada Fondo General (F100) durante los 18 años analizados. Según las estimaciones durante el periodo analizado el Poder Ejecutivo debió entregar a los poderes, entes y órganos señalados en la Ley un monto de RD$ 524,733.3 millones, (7.5 % de los ingresos al FG) y solo les asignó RD$ 300,934.9 millones (4.3 % de los ingresos al FG).
Entre el año 2005 y el mes de noviembre de 2022 el Gobierno Central ha percibidos ingresos internos por un monto de RD$ 6,996,444.5 millones (Seis Billones Novecientos Noventa y Seis Mil Cuatro Cientos Cuarenta y Cuatro punto 5 millones), de los cuales debió asignar al Poder Legislativo un total de RD$ 216,889.8 millones y solo le asignó en el periodo analizado RD$ 104,201.4 millones, dejando de entregarle por incumplimiento de la Ley 194-04 un monto de RD$ 111,969.04 millones. A la Cámara de Diputados le dejaron de asignar RD$ 82,377.3 millones y al Senado RD$ 29,591.8 millones. En términos proporcionales al Poder Legislativo le dejaron de asignar en el periodo señalado el 51.62 % del presupuesto según la Ley 194-04.
De haberse cumplido con las disposiciones de la Ley 194-04, al Poder Judicial debió asignársele entre 2005 y 2022 un monto de RD$ 186,455.2 millones y solo le fueron otorgado unos RD$ 98,920.2 millones, siendo el total de fondos presupuestarios no asignados de RD$87,535.1 millones en el periodo. Los fondos no asignados al Poder Judicial equivalen al 46.95 % de lo que le correspondería en un escenario de cumplimiento de la Ley.
Por su parte, al Ministerio Público, que según las disposiciones de la Ley de autonomía presupuestaria y administrativa debieron asignarle entre 2005 y 2022 un total de RD$100,399.0 millones solo le asignaron RD$85,281.2 millones, siendo el sacrificio presupuestario de RD$15,117.8 millones, que en términos proporcionales representan el 15.06% por debajo de lo que manda la Ley.
A la Cámara de Cuentas de la República debieron asignarle en el periodo analizado un total de presupuesto ascendente a RD$ 20,989.3 millones y solo le entregaron RD$ 11,812.7 millones siendo afectada con un presupuesto no asignado de RD$ 9,176.6 millones, 43.72% de lo que indica la Ley.
El no cumplimiento de las disposiciones de la Ley 194-04 ha sido una constante durante los últimos 18 años dentro de los que se cuentan, dos períodos de gobierno del expresidente Leonel Fernández entre 2004-2012, los dos periodos de gobierno del expresidente Danilo Medina entre 2012-2020 y durante los 2 años y tres meses del gobierno del presidente Luis Abinader entre 2020- noviembre 2022.