El ministro de Interior y Policía, Jesús (Chu) Vásquez, garantizó que las armas que serán importadas al país se usarán exclusivamente por las empresas de seguridad privada como establece el decreto del Poder Ejecutivo que lo autoriza.
“Eso está garantizado, va a ser solamente exportación de armas para empresas privadas, con una determinada cantidad y sobre todo con las especificaciones necesarias, porque solamente son armas para ese tipo de empresas”, dijo Vásquez al referirse al decreto 30-20 emitido este martes.
En torno a la resolución que el propio decreto establece debe emitir el Ministerio de Interior y Policía para establecer la cantidad de armas que se traerán, dijo que se está trabajando.
“Se está trabajando en la resolución y en los próximos días se dará a conocer”, informó Vásquez.
El decreto 30-23, deroga el 309-06, que desde hace 17 años prohibía la entrada legal de armas de fuego al país. Establece para ello un plazo de seis meses e instruye a Interior y Policía a establecer, mediante resolución, la cantidad de armas de fuego que pueden importar las empresas debidamente registradas en ese tiempo.
«Las gestiones para la tramitación de las licencias de importación de armas de fuego deberán ser realizadas por las empresas correspondientes de conformidad con el procedimiento y los requisitos establecidos en el artículo 33 de la Ley núm. 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados», dice la pieza.
En el país hay alrededor de 500 empresas reguladas que se dedican a la venta de armas, pero operan otras 900 que no están formalizadas, de acuerdo con el superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, general Francisco Miguel Corominas Sánchez.
Finjus dice hay mecanismos
El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños, dijo que el Gobierno tiene los mecanismos para garantizar que las armas que se importen se destinen solamente a la seguridad privada.
“Lo primero es que este decreto tiene algunas limitaciones; establece como plazo de vigencia seis meses; lo segundo es que va dirigido a un sector que venía reclamando que se levantara la prohibición a las importaciones de armas por una serie de razones, entre ellas que muchas de las armas que ellos tenían como empresas estaban viejas y necesitaban armas que se ajustaran a la modernidad”, sostuvo Castaños.
Dijo que según la información que maneja es un decreto bien pensado y en el que se han tomado todas las previsiones para que no se desvirtúe el espíritu de su creación.
“El Estado tiene que manifestar la voluntad, yo creo que la hay, porque este es un decreto que se ha venido trabajando, se ha venido pensando y en el marco de lo que sería la implementación del mismo se han creado las condiciones para que no se den situaciones de irregularidad”, expresó Castaños Guzmán.