El Ministerio de Defensa de Perú informó este viernes que las fuerzas de seguridad, con unidades de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía, han comenzado a desbloquear las carreteras interrumpidas desde diciembre pasado por manifestantes antigubernamentales en diferentes regiones del país.
Un contingente de 200 efectivos de la Tercera División del Ejército apoyó a agentes de la Policía Nacional (PNP) para despejar el puente Camaná, ubicado en la carretera Panamericana Sur y una de las principales vías de acceso a la región de Arequipa, la segunda del país.
La medida se logró implementar en «cumplimiento a lo dispuesto por el Gobierno para garantizar la libertad de tránsito y otros derechos fundamentales, y de acuerdo a lo que establecen la Constitución y leyes vigentes», señaló un comunicado oficial.
Añadió que en el operativo estuvieron presentes representantes del Ministerio Público «quienes dieron las garantías de que las acciones se desarrollaron de acuerdo al marco legal» y «sin la ocurrencia de actos de violencia», ya que los piquetes de manifestantes se retiraron de la zona.
La vía despejada fue recorrida luego por unidades motorizadas del Ejército y de la Policía para verificar que los vehículos particulares y de transporte de pasajeros y carga podrían retomar su viaje sin peligro.
Defensa también señaló que militares del Comando Especial Vraem llegaron hasta la localidad de Pucará, en la región central de Junín, para ayudar a ancianos, gestantes y madres con menores de edad afectados por el bloqueo de la Carretera Central.
Por su parte, contingentes del Comando Operacional Norte apoyaron a la Policía Nacional en el resguardo de la Estación del Oleoducto Norperuano N°6, ubicada en la región de Amazonas y considerada un «activo crítico» del país, con el objetivo de permitir el transporte seguro de hidrocarburos.
El ministro de Defensa, Jorge Chávez, confirmó horas antes que las fuerzas de seguridad iban a intervenir en las carreteras bloqueadas en el país para «garantizar los servicios de salud, la libertad de tránsito y el derecho a la vida», una medida que fue anunciada el jueves por el Gobierno.
Numerosas carreteras del país, sobre todo en las regiones del sur, han sido bloqueadas desde diciembre pasado cuando comenzaron las manifestaciones que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones generales para este año y la convocatoria a una asamblea constituyente.
Hasta la fecha, según datos de la Defensoría del Pueblo, 46 personas que participaban en las protestas fallecieron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, mientras que un policía murió tras ser quemado vivo por manifestantes.
A estas víctimas, se suman 11 decesos en sucesos relacionados con los bloqueos de carreteras y una muerta ocurrida en la norteña región de La Libertad, confirmada por la Policía.
Asimismo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) reportó la muerte de cuatro haitianos que no pudieron recibir asistencia médica por los bloqueos de carreteras, además de un bebé nonato confirmado por Unicef, lo que resulta en 64 fallecidos por las protestas desde el 11 de diciembre.
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo instó este viernes a los manifestantes a «desbloquear las vías que se encuentran tomadas, atentando contra el libre tránsito», así como «a hacer uso de su derecho a la protesta de forma pacífica».