El presidente de Colombia, Iván Duque, dijo el jueves que los ex comandantes de la extinta guerrilla de las FARC que decidieron recuperar sus armas son una "banda narcoterrorista" que cuenta con el apoyo del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Lo hizo durante un discurso esperado para anunciar una ofensiva contra el grupo encabezado por el ex negociador rebelde Iván Márquez, quien por la mañana se unió a los disidentes que se han alejado de los acuerdos de paz en un video que ha sacudido al país.
"Colombia no acepta amenazas de ninguna naturaleza, mucho menos tráfico de drogas", dijo Duque en una declaración grabada emitida por la Presidencia de la República. "Los colombianos deben tener claro que no estamos enfrentando el nacimiento de una nueva guerrilla, sino contra las amenazas criminales de una banda de narcoterroristas que tienen el refugio y el apoyo de la dictadura de Nicolás Maduro", denunció.
El presidente dijo que ha hablado con el jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, reconocido como presidente a cargo de Venezuela por más de 50 países, para pedir su apoyo y apoyo a la justicia colombiana con el objetivo de capturar al ex disidente. comandantes Guaidó criticó "que se use el territorio venezolano" para intentar relanzar la actividad guerrillera en Colombia. Duque también anunció una recompensa de tres mil millones de pesos (aproximadamente $ 860,000) por información que conduzca a la captura de cualquiera de ellos. "En la lucha contra el terrorismo, el mundo nos acompaña", dijo. "Ningún país puede albergarlos y es por eso que avanzaremos en la expedición de las circulares rojas de Interpol".
El ex negociador de las FARC en las conversaciones de paz, Luciano Marín, el nombre legal de Iván Márquez, cuyo paradero se desconoce desde hace más de un año, reapareció al amanecer en un video junto con otros ex comandantes como Jesús Santrich y Hernán Darío. Velázquez La paisa, para anunciar que comienzan "una nueva etapa" de la lucha armada. Además de abrir un nuevo frente de confrontación entre Bogotá y Caracas, el mensaje de Márquez, quien se convirtió en el & # 39; número dos & # 39; de la insurgencia, plantea preocupaciones sobre el crecimiento de los disidentes y la frágil implementación de los acuerdos de paz, alcanzados hace tres años.
En su breve declaración, Duke también se refirió a las reacciones que ya habían estado ocurriendo durante todo el día. Dijo que había hablado con la jueza Patricia Linares, presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), para expresar la urgencia de expulsar a Márquez y la compañía de justicia transicional y perder cualquier beneficio legal. El sistema responsable de juzgar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado establece penas alternativas a la cárcel para los ex combatientes a cambio de confesar sus crímenes y reparar a las víctimas. Linares había declarado previamente que cualquier parte que aparezca que no cumpla con sus obligaciones, y se evidencia que fue rearmada, "estará sujeta a la expulsión del sistema porque las regulaciones así lo estipulan". Al final del día, el JEP adoptó medidas de precaución y ordenó la captura de comandantes disidentes.
El presidente también dijo que “lo mínimo que Colombia espera hoy del partido de las FARC es la expulsión inmediata y contemplada de todos los criminales que aparecen en ese video. Estas imágenes muestran la necesidad de tener una claridad clara sobre las armas, las rutas del narcotráfico, los activos y el dinero del grupo armado. "La Fuerza Alternativa Revolucionaria Común ya había repudiado el video, a través de su presidente, Rodrigo Londoño, Timochenkoy señaló que los involucrados "rompieron públicamente con el partido, protocolizaron su renuncia y asumieron las consecuencias de sus acciones".
El duro anuncio del presidente lo alinea con su partido, el Centro Democrático, y su mentor político, el ex presidente Álvaro Uribe, los más fuertes opositores del pacto sellado con lo que fue la guerrilla más antigua de América, ahora desarmado y convertido en un partido político con 10 escaños en el Congreso. Sin embargo, en su declaración aclaró que el Estado mantiene su compromiso con todos los que "realmente están avanzando en el proceso de reincorporación, en la forma en que lo hemos estado haciendo y que ya ha producido resultados tangibles". Más de 10,000 ex guerrilleros están en tránsito hacia la vida civil como parte del acuerdo de paz firmado a fines de 2016 entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Gobierno de Juan Manuel Santos.