Interpol busca al familiar del humorista, acusado de cometer crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar
Luego de que se difundiera que Daniel Oscar Cherutti, hermano mayor de Miguel Ángel Cherutti, es buscado por Interpol acusado de haber cometido una serie de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar que hubo en la Argentina, el humorista emitió un comunicado para dar a conocer su postura.
“A partir de los hechos que son de público conocimiento, con profunda consternación y ante la demanda de periodistas y productores del medio en conocer mi sentir y opinión al respecto, he decidido redactar estas líneas: La noticia me sorprendió como a todos, ya que desconozco las actividades imputadas, por lo cual nada puedo decir; porque es un tema que no me pertenece ni me corresponde hacerlo”, comienza expresando en el escrito.
“Lamento que frente a la relevante importancia y gravedad de los hechos en estudio, referidos a delitos de lesa humanidad, pareciera resultar de mayor interés para los medios destacar mi parentesco biológico que informar sobre la noticia en sí. En nada contribuye ese dato mas que mancillar mi honor en confusas y tendenciosas informaciones”, continúa en la misiva.
“Siempre he mantenido un respetuoso y agradecido comportamiento frente a la prensa a quienes les pido entiendan mi situación y respeten mi decisión de no hablar sobre el tema. Asimismo, les pido encarecidamente se abstengan de utilizar mi imagen y nombre al referirse al caso ya que dicha exposición inmerecida perjudica mi trayectoria y sentir, que no es más que el de cualquier ciudadano, que cree en la Justicia y en su actuar tendiente a esclarecer las causas que investiga mediante un debido proceso. Por todo esto, estaré agradecido, con el cariño y respeto de siempre”, cierra Miguel Ángel Cherutti en el comunicado que firmó al pie.
Daniel Oscar Cherutti se desempeñaba como agente de la ex SIDE en al menos dos centros clandestinos de detención durante la última dictadura militar en Argentina. En diciembre pasado, en el marco de una causa que investiga los crímenes durante la dictadura, el juez federal Daniel Rafecas ordenó su detención pero no logró ubicarlo, por lo que terminó pidiendo su captura internacional. La Justicia sospecha que está viviendo en Italia. Cherutti tiene 76 años y su rostro fue divulgado en las últimas horas por Interpol con una alerta roja.
Esa alerta difundida precisa que a Cherutti se lo acusa de haber participado, “en calidad de autor”, de “privación ilegal de la libertad de un total de 108 personas, privación ilegal de la libertad agravada -por su duración de más de un mes de 7 personas-, aplicación de tormentos respecto de 104 personas y sustracción de menores respecto de 2 personas, y complementariamente se le atribuye la comisión en calidad de cómplice primario del homicidio agravado de 19 personas”.
La causa judicial se originó como resultado de un documento desclasificado de la CIA, un expediente de la justicia militar de hace 40 años, y unos mails de un espía de la ex SIDE. A raíz de eso, los investigadores descubrieron un centro clandestino que funcionaba en Bacacay 3570.
En esa misma causa, Rafecas ordenó la detención de Patricio Finnen, uno de los hombres más influyentes de la ex SIDE y gestor del pago de 400 mil dólares a Carlos Telleldín para desviar la investigación del atentado a la AMIA, y de otros cinco ex integrantes de la Secretaría de Inteligencia: Luis Nelson González, Rubén Héctor Escobar, César Estanislao Albarracín, Hugo Ángel Carlet, y Cherutti.
En esa misma causa, Rafecas ordenó la detención de Patricio Finnen, uno de los hombres más influyentes de la ex SIDE y gestor del pago de 400 mil dólares a Carlos Telleldín para desviar la investigación del atentado a la AMIA, y de otros cinco ex integrantes de la Secretaría de Inteligencia: Luis Nelson González, Rubén Héctor Escobar, César Estanislao Albarracín, Hugo Ángel Carlet, y Cherutti.
Los represores están siendo investigados por su actuación en Automotores Orletti, en la base de la calle Bacacay, y en un tercer lugar, ubicado en Pomar y Chiclana, identificado como otro centro clandestino de detención. Ese último lugar quedó abandonado después de que en junio de 1977 secuestraran al empresario Pedro León Zavalía, a quien acusaban de ser parte de la “subversión económica”.
Todos ellos habrían sido parte de la banda para militar que lideraba Aníbal Gordon, uno de los jefes de la Triple A que creció al amparo de José López Rega durante el último gobierno de Juan Domingo Perón. En la acusación, Rafecas sostiene que el hermano del humorista participó en hechos de privación ilegal de la libertad a unas 108 personas, aplicación de tormentos y sustracción de menores en dos casos. También se le atribuye complicidad en 19 homicidios.