Empresarios, coleccionadores de armas y amigos de políticos están en el punto de mira de las autoridades brasileñas, que intentan desenmascarar a los arquitectos del asalto a los tres poderes cometido por bolsonaristas radicales en Brasilia.
La Policía mantiene 727 personas detenidas por su presunta participación directa en la intentona golpista que el pasado domingo buscó derrocar al presidente Luis Inácio Lula da Silva y devolver por la fuerza al exmandatario Jair Bolsonaro.
Pero aún falta por descubrir quiénes financiaron la llegada a Brasilia de miles de partidarios del líder ultraderechista y si hubo una «omisión» deliberada de los responsables de seguridad que permitió a los extremistas sembrar el caos durante cuatro horas en la capital brasileña, como sospecha el Gobierno de Lula.
Las investigaciones, según los autos que tramitan en la Corte Suprema, indican que fue una acción «orquestada».
«No vamos a dar tregua hasta descubrir a los responsables que financiaron» la invasión y destrucción de las sedes del Parlamento, la Presidencia y la Corte Suprema, afirmó Lula delante de los ventanales rotos del alto tribunal, el edificio más afectado.
El ministro de Justicia, Flávio Dino, informó, un día después del ataque golpista, que ya tenían identificados a posibles financiadores en 10 de los 27 estados brasileños.
Esas primeras pesquisas se centran en aquellos que organizaron el transporte de los radicales bolsonaristas a través del alquiler de decenas de autobuses, que, después del violento episodio del domingo, fueron incautados por orden del Supremo.
Sin desvelar nombres, el ministro señaló que entre esos financiadores hay «comerciantes locales» y empresarios vinculados al «sector agrícola».
También hay coleccionadores de armas y cazadores, un grupo que en Brasil se conoce como los «CACs» y que durante la gestión de Bolsonaro (2019-2022) se vieron favorecidos con medidas que facilitaron la compra de armamento a la población civil.
Según Dino, la mayoría de esos financiadores son del sur, centro y oeste y sureste de Brasil, regiones que votaron mayoritariamente a Bolsonaro en la segunda vuelta de las elecciones del 30 de octubre, que Lula ganó por una ajustada diferencia de 1,8 puntos.
Según la prensa local, el dueño de uno esos autobuses que inundaron la capital con miles de bolsonaristas es un empresario vinculado con la diputada Carla Zambelli, amiga del exmandatario y uno de los máximos referentes de la ultraderecha brasileña.
La posible vinculación de políticos con los actos del domingo en Brasilia, calificados de «golpistas» y «terroristas» por los presidentes de los tres poderes federales, es otra de las vertientes que está siendo analizada.
El Partido Socialismo y Libertad (PSOL), que integra la base parlamentaria del Gobierno de Lula, solicitó el martes a la Corte Suprema que sean investigados «once congresistas» federales y regionales por «incitar» a la horda bolsonarista en su intentona golpista.
La formación izquierdista denuncia que esos parlamentarios, entre los que se encuentran el senador Magno Malta y los diputados federales Ricardo Barros, Carlos Jordy, Silvia Waiãpi, José Medeiros y Marcio Tadeu, «apoyaron en sus redes sociales las acciones terroristas», y pide que se esclarezca su responsabilidad.
Por el momento, la depuración en el ámbito gubernamental ya ha empezado.
El Supremo suspendió por 90 días al gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, aliado de Bolsonaro, por su supuesta «omisión» para detener a los golpistas.
También ordenó la prisión del exsecretario de Seguridad de Brasilia, Anderson Torres, un hombre de la máxima confianza de Bolsonaro y quien fue ministro de Justicia en los dos últimos años del mandato del capitán retirado del Ejército, y del excomandante de la Policía Militar de la capital, Fábio Augusto Vieira.
Según la Corte, el comportamiento de ambos frente al asalto a los tres poderes es «gravísimo» y puede «poner en riesgo, incluso, la vida del presidente de la República, de los diputados, los senadores y de los magistrados del Supremo Tribunal Federal».