Como suele suceder después de mucha de la violencia en México, la sangre no se ha secado cuando comienza el juego de la culpa entre las autoridades. La dinámica tiene raíces particulares en Veracruz, el tercer estado más poblado del país y donde la impunidad defiende. El ataque con cócteles molotov el martes por la noche en un bar en Coatzacoalcos (sur de la entidad), que dejó 28 muertos, no fue la excepción. El gobernador Cuitláhuac García culpó a la Fiscalía local, solo nueve horas después del crimen, por haber liberado en julio al presunto responsable del ataque, Ricardo Romero Villegas. El gobernante del Movimiento Nacional de Regeneración (Morena), el mismo partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha jugado su mano favorita en los nueve meses que ha estado en el cargo: culpar a sus adversarios políticos.
El ciclo de noticias pronto corrigió a García. López Obrador reveló en su conferencia matutina que Romero Villegas ya había estado en manos de las autoridades federales hace unos meses, acusado de prender fuego a otras empresas de la región que se negaron a pagar los derechos de piso. "La Marina arrestó al acusado … de haber participado en este crimen … y fue puesto en libertad en la Fiscalía General de la Nación, en el mes de julio", dijo el presidente mexicano, quien aseguró que el motivo de la lanzamiento de romero. López Obrador también anunció que será la Oficina del Fiscal General quien investigue el ataque en el bar El Caballo Blanco. La Oficina del Fiscal, el miércoles por la noche a través de Twitter, informó que no tiene indicios de que Ricardo "N", designado por el gobernador de Veracruz, sea el presunto autor del delito.
A la negación del presidente se unió el fiscal de Veracruz, Jorge Winckler, quien asumió el cargo en 2017 impulsado por un controvertido ex gobernador de derecha (PAN) durante un período de nueve años. "Es falso que Ricardo" N "haya sido" liberado "por la Oficina del Fiscal General del Estado después de ser arrestado en julio. Esta persona NO se puso a disposición de la Oficina de este Fiscal, sino del estado delegación de la Fiscalía General de la Nación el 18 de julio ", dijo la fiscalía poco después de que el gobierno local culpó al fiscal en una serie de entrevistas en la prensa nacional.
El desacuerdo entre Winckler y el gobernador es largo. El conflicto entre los dos ha sido la norma en la relación. Un mes después de ganar las elecciones de julio de 2018, García advirtió que pediría al Congreso que evalúe el desempeño del fiscal. En su cálculo fue la posible anarquía y el despido de un funcionario que heredó de una Administración anterior, con el que tuvo serias diferencias como candidato de la oposición. El intento de someter a Winckler a un juicio político se produjo en febrero de este año, pero el banco de Morena falló en el intento.
El gobierno de García ha denunciado a Winckler ante la Fiscalía General de la Nación por supuestamente ocultar órdenes de arresto contra delincuentes. En julio, el fiscal describió estas quejas como una "pantalla de humo" para engañar a una supuesta compra de patrulla fraudulenta. El intercambio de golpes se ha repetido en cada escándalo de inseguridad que salpica a esta entidad de ocho millones de habitantes. No importa si fue el asesinato en abril de un alcalde que simpatizó con el partido del gobernador o el homicidio en agosto de un periodista local, Jorge Celestino Ruiz. Al parecer, el informante había denunciado amenazas contra él e intentos de agresión por parte de la fiscalía.
El inusual ejercicio pugilístico entre los dos funcionarios prominentes alcanzó el nivel nacional después de otra masacre. Esto fue en abril, en el municipio de Minatitlán, cuando hombres armados acribillaron a los clientes de un spa. Murieron 14 personas, incluido un bebé de un año. No hubo mensajes de reconciliación o unidad entre la policía y las autoridades investigadoras. El gobierno y el fiscal volvieron a jugar al gato y al ratón. El jefe de policía Hugo Maldonado informó que habían identificado a dos de los presuntos agresores. El fiscal respondió que no tenía idea de lo que estaba hablando.
La confrontación entre el gobierno local y la fiscalía eclipsa los embarazosos datos de búsqueda de justicia en Veracruz. La entidad, una de las más pobladas del país, tiene una de las peores actuaciones en la materia en México. La fiscalía ocupa el penúltimo lugar en la clasificación de instituciones preparada por la organización Zero Impunity. Solo es superado por el de Tlaxcala. El informe de la asociación, que se presentará el 3 de septiembre, arroja datos preocupantes. Veracruz ya supera los 1.100 asesinatos hasta ahora en 2019. Es muy poco probable que se encuentre a los responsables, ya que tiene una tasa de impunidad del 96%, la sexta más alta del país. La probabilidad de que se aclare un delito en la región es solo del 1.3%. La justicia tendrá que esperar en el estado de animosidad política.