Irán suma ya 16 condenas a muerte y cuatro ejecuciones en un intento de detener las protestas que sacuden el país desde septiembre, a pesar de los llamamientos internacionales para que anule las sentencias de manifestantes.
Tras la fuerte represión policial que ha provocado cerca de 500 muertes y casi 20.000 detenidos desde la muerte el 16 de septiembre de Mahsa Amini, los tribunales no paran de emitir sentencias en unos juicios calificados como farsas» e «injustos» por Amnistía Internacional (AI).
La muerte de Amini tras ser detenida por no llevar bien el velo islámico ha desatado unas protestas en las que se pide el fin de la República Islámica, protagonizadas por jóvenes y mujeres al grito de “mujer, vida, libertad”.
Las últimas tres sentencias a muerte fueron anunciadas este lunes, solo dos días después de la ejecución de dos presos que provocó fuertes críticas internacionales.
Saleh Mirhashemi, Majid Kazemi Sheikh Shabani y Saeed Yaqoubi han sido condenados hoy a muerte por «moharebe» o «enemistad contra dios» por el supuesto asesinato de tres basijis -milicianos islámicos-, el 16 de noviembre en la ciudad de Isfahan, informó la agencia de noticias Mizan, del Poder Judicial iraní.
Los tres condenados se unen a al menos otros 13 sentenciados a la horca en los últimos meses por el asesinato de miembros de las fuerzas de seguridad, pero también por herir a policías o bloquear calles.
Entre los condenados se encuentran jóvenes de tan solo 18 años, como es el caso de Arshia Takdastan, sentenciado la semana pasada a la horca por ser «el líder de la multitud en la plaza principal» de la ciudad de Noushar y cometer «importantes acciones delictivas en los disturbios”.
Al menos otros 15 acusados por delitos cometidos durante las protestas se enfrentan a cargos que podrían conllevar la pena de muerte.
Las autoridades iraníes han ejecutado a cuatro condenados por su participación en las protestas hasta ahora, la primera el 8 de diciembre cuando fue ahorcado Mohsen Shekari, de 23 años, por herir a un basiji con un cuchillo, bloquear una calle y crear terror en Teherán.
Solo cuatro días después, fue ejecutado en público a un segundo manifestante, Majid Reza Rahnavard, condenado por el asesinato de dos agentes de seguridad.
Y este sábado, fueron ejecutados Mohammad Mehdi Karami y Mohammad Hosseini por el supuesto asesinato de un basiji.
Los ahorcamientos han provocado fuertes críticas internacionales. La Unión Europea (UE) se ha declarado consternada y ha pedido a Teherán que «anule sin demora» las condenas a muerte de los manifestaciones.
Los procesos judiciales de los manifestantes han sido puestos en duda por organismos de derechos humanos como AI, Human Rights Watch o la ONU, que han denunciado los juicios como “farsas», «injustos» y una «venganza».
Además, activistas iraníes han denunciado que los juicios se están celebrando a puerta cerrada, en tiempo récord, con confesiones obtenidas bajo tortura y en muchos casos sin abogados presentes.
Así, Rahnavard, ejecutado en público, fue condenado en un juicio que duró un día. Y la familia de Karami, ahorcado el sábado, denunció que no les habían permitido elegir a un abogado y que el letrado seleccionado para ellos no respondió a sus llamadas.
A las condenas a la horca se suma un número indeterminado de sentencias a prisión, de las que se conocen varios cientos.
A mediados de diciembre los medios iraníes informaron de que al menos cuatrocientos manifestantes habían sido condenados a prisión solo en Teherán a penas entre 2 y 10 años de prisión.
El último caso de sentencias a prisión se han dado hoy, con la condena a 26 años al futbolista iraní Amir Nasr Azadani por el supuesto asesinato de tres miembros de las fuerzas de seguridad, colusión para cometer delitos y ser miembro de grupos ilegales.
El caso de Azadani se volvió viral y provocó críticas en todo el mundo cuando asociaciones de futbolistas y medios internacionales anunciaron en diciembre que había sido condenado a muerte.
“Matan en la calle con armas y en prisión con la ley”, afirmó en Twitter el abogado Saeid Dehghan acerca de la situación en el país.
La ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, anunció hoy que el embajador iraní en Berlín ha sido convocado para transmitir la protesta de Berlín ante la ejecución de dos manifestantes en Teherán el pasado fin de semana.
El objetivo de la medida es «dejar claro que la brutal represión, opresión e intimidación de la población y las dos ejecuciones más recientes no quedarán sin consecuencia», dijo durante una rueda de prensa en Berlín con su homólogo chipriota, Ioannis Kasoulides.
«Se llamaban Mohammad Mehdi Karami y Mohammad Hosseini», señaló, en relación a los ejecutados, y agregó que «un régimen que asesina a sus propios jóvenes para intimidar a su población no tiene futuro».
Baerbock abogó además por endurecer el régimen de sanciones europeas contra la Guardia Revolucionaria iraní, empleando para ello las herramientas legales previstas para casos de violaciones de derechos humanos.
Este tipo de sanciones fueron creadas expresamente para situación en las que «un régimen intimida a su propia población», insistió la ministra, por lo que permiten castigar de forma específica e individual a los responsables de estos crímenes.
Por el contrario, la aplicación de las sanciones correspondientes a organizaciones clasificadas como terroristas se encuentra con obstáculos «políticos y legales» en el seno de la Unión Europea (UE), explicó, mientras que su efecto no sería necesariamente «más duro».
A pesar de ello, admitió que muchos en Alemania creen que incluir a la Guardia Revolucionaria en la lista de organizaciones terroristas sería lo adecuado desde un punto de vista político e «importante como señal», por lo que la ministra se comprometió a seguir examinando las posibilidades legales para incluir a la institución iraní en esta categoría.
«Lo importante es no cerrar los ojos y no resignarnos», dijo, preguntada por el efecto que las medidas europeas de presión han surtido hasta ahora en la represión de las protestas por parte de Teherán.
Baerbock reconoció que en «cuestiones de política interior», lo que se puede hacer es «limitado», como demuestran según ella casos como los de Rusia y Bielorrusia.
A pesar de ello, es preciso dejar claro que Alemania y la UE están del lado de las personas que «quieren libertad», remachó, así como recabar pruebas para que los responsables de la represión de los ciudadanos sean sancionados y rindan un día cuentas ante la justicia.