Ante la gran cantidad de presos que sufren de enfermedades terminales y propias del hacinamiento existente en las cárceles del país, se hace necesario regular el indulto presidencial, figura que se mantiene en la Constitución, pero que no se aplica desde el 2012.
Diversos sectores, incluido el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, claman por la aprobación en el país de la referida Ley de Indultos que permita evaluar y dar salida a muchos de esos privados de libertad.
Un informe de la Oficina Nacional de Defensa Pública, que preside Rodolfo Valentín Santos, “muestra una cantidad de privados de libertad en condiciones de salud muy deplorables”.
Algunos de ellos con “cáncer en etapa terminal, tuberculosis, VIH, bacterias muy peligrosas que ponen en peligro la salud de quienes padecen esta situación, condiciones de discapacidad física y motora, entre otras más”.
Recientemente el Poder Judicial presentó el denominado “Plan de Inclusión de Personas Privadas de Libertad” con el objetivo de “facilitar la libertad en el menor tiempo posible de las personas que hayan cumplido la condena establecida” y que, asimismo, “socializaron sobre la necesidad de humanizar los centros penitenciarios”.
En diciembre de 2020, hubo un intento legislativo de regular el indulto presidencial, el cual no se aplica desde el 2012 y que carece de una normativa jurídica. Ante la falta de una Ley, los ordenaba el presidente de la República mediante decreto.
La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados está apoderada del proyecto de Ley de Indultos y lo socializa con sectores, en procura de regular el procedimiento para reanudar el perdón que libere a ciudadanos condenados, por buen comportamiento, práctica que en el pasado terminó en corrupción.
Desde hace años, legisladores han intentado que República Dominicana retome la figura del indulto, para que el Poder Ejecutivo otorgue amnistía a personas sentenciadas y que hayan cumplido parte de su pena, en los días 16 de agosto, 27 de febrero y 23 de diciembre, previo a la festividad de Navidad.
En épocas pasadas, era común que para estas fechas se estuviera hablando de indultos. Y es que de acuerdo a la Constitución dominicana, los días 27 de febrero, 16 de agosto y 23 de diciembre de cada año, el presidente de la República puede concederlos.
Dicho privilegio no está sujeto a ningún condicionamiento particular respecto del tiempo de la pena que haya cumplido el condenado ni la infracción cometida.
El indulto está consignado en el artículo 128, numeral 1, literal j, de la Constitución de la República, que faculta al mandatario a: “Conceder indultos los días 27 de febrero, 16 de agosto y 23 de diciembre de cada año, de conformidad con la ley y las convenciones internacionales”.
El último indulto se realizó en febrero de 2012, durante la presidencia de Leonel Fernández donde se perdonó a seis internos con enfermedades terminales, luego de una recomendación de una comisión de indultos que estudió los expedientes de 96 reos.
Entre los beneficiarios de la disposición presidencial establecida en el decreto 65-12, fueron favorecidos Juan Valdés Jerez, Yerar Dios Evangelista Contreras, Salvador Plasencia Hernández, Francisco Salazar Hernández, Bienvenido Leyba Vargas y Daniel Celedonio Marcelo, todos con enfermedades terminales, según evaluó la Comisión.
En el 2007, el único indulto de Fernández fue a Miriam Brito Martínez, quien cumplía una condena de 20 años por el asesinato de su esposo, el empresario arenero José Castro. El caso de Brito Martínez concitó el apoyo de organizaciones por los derechos de las mujeres, ya que la reclusa había sufrido violencia de género durante muchos años por parte del arenero.
Los indultos siempre generaron reacciones, más malas que buenas, como ocurrió cuando el ex presidente Fernández emitió el decreto 847-2008, indultando a la ex funcionaria del quebrado Banco Intercontinental –Baninter-, Vivian Lubrano de Castillo, así como a Pedro Franco Badía, Antonio Marte, Milcíades Amaro Guzmán y Gervasio de la Rosa, condenados por el fraude a través del Plan de Renove.
Igualmente, en diciembre de 2009, cuando el entonces presidente Leonel Fernández indultó a las francesas Sarah Zaknoun y Céline Faye, de 19 y 20 años, respectivamente, además de dos dominicanos y un estadounidense, condenados por tráfico de drogas.
En Diciembre del 2000, el ex presidente Hipólito Mejía luego de meses de la toma de posesión automáticamente decretó el mismo año 100 indultos, acción que siguió llevando a cabo durante los 3 primeros años en su administración 2000-2004.
En la gestión de Mejía se registraron escándalos en los indultos masivos, debido a que eran incluidas personas que no califican para esa gracia y en otros casos eran reincidentes.