El exprocurador general de la República Jean Alain Rodríguez, a través de su Consejo de Defensa, desmintió este miércoles que esté buscando un posible acuerdo político para salir airoso del caso Medusa, por el que está apresado desde junio del año pasado al supuestamente encabezar una red de corrupción en el Ministerio Público.
El Consejo de Defensa aseguró que las informaciones que han salido a la luz sobre un posible acuerdo están saliendo a relucir por sus “enemigos” que procuran crear “confusión y manipulación” dentro del proceder del Poder Judicial.
La defensa del exjefe del Ministerio Público también aseguró que con esto, buscan obtener una validación mediática ante el “advenimiento de la letalidad del tiempo en provecho del mismo”.
El proceso Medusa se sigue en contra del ex procurador general Jean Alain Rodríguez Sánchez, quien cumple prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.
También, contra el exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra; el exdirector administrativo, Jonathan Joel Rodríguez Imbert, y Alfredo Alexander Solano Augusto, exsubdirector administrativo.
También, contra Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos, la ex subdirectora administrativa Altagracia Guillén Calzado, así como Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad.
El proceso también se sigue contra el exasesor Miguel José Moya. El órgano persecutor acusa a Rodríguez Sánchez de dirigir un entramado de corrupción administrativa mientras estuvo al frente del Ministerio Público en el período 2016-2020, que fue desmantelado con la Operación Medusa.
Los imputados del Caso Medusa enfrentan cargos criminales por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También, por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.
En este caso el Ministerio Público presentó una acusación mediante un voluminoso expediente de 12,274 páginas, acompañado de más de 3,500 pruebas, incluyendo más de 400 testigos. La acusación fue presentada contra 41 personas físicas y 22 empresas.